| La Construcción de la paz en Bolivia |
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documento-propuesta preliminar (octubre de 2005) Por Acción Andina - Bolivia miembro de la red GPPAC Resumen Este es un documento preliminar que busca cumplir con tres objetivos: 1.- Argumentar la necesidad de que la sociedad boliviana en su conjunto participe de manera activa en la definición de las políticas de seguridad del país en todas sus facetas, y en particular, en la construcción de estrategias y mecanismos para la prevención, el manejo y la transformación de los conflictos violentos. 2.- Proponer la realización de una mini-campaña que invite a la sociedad civil organizada en Bolivia a vincular sus propios conocimientos y experiencias de lucha y trabajo a las dinámicas de una red de Organizaciones de la Sociedad Civil en América Latina y el Caribe, llamada GPPAC, que se estructuró en los últimos tres años a partir del compromiso de sus miembros con la prevención de los conflictos violentos y la construcción de la paz. 3.- Resumir algunas ideas prácticas preliminares en estímulo a un debate entre los actuales miembros de GPPAC en América Latina y el Caribe (GPPAC-ALC) sobre la mini-campaña propuesta. Antecedentes GPPAC significa: Global Partnership for the Prevention of Armed Conflicts”, o red mundial para la prevención de los conflictos armadas (www.gppac.net). Es una iniciativa de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), en respuesta a una invitación abierta del Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan a las OSCs de todo el mundo, para que se organicen y asuman un rol activo en la prevención de los conflictos violentos que afecten o amenacen a las poblaciones de las cuales forman parte y/o con las que trabajan (Report on the Prevention of Armed Conflict, 2001). La presencia de Acción Andina Bolivia en esta iniciativa data del año 2002 y ha sido una constante desde entonces, principalmente mediante su participación activa en los debates de los miembros de GPPAC-ALC. Acción Andina ha podido asumir este rol a partir de una experiencia particular, desde su fundación en 1992, en la investigación independiente y acción social en torno a dos temas: por un lado, la implementación en ALC de políticas de control de drogas y temas relacionados, y por el otro lado, la dinámica de algunos de los conflictos sociales en Bolivia. En una conferencia reciente (Nueva York, 18-21 de Julio 2005), los miembros de GPPAC presentaron sus agendas de acción para las distintas regiones del mundo. Los participantes de ALC se comprometieron a reforzar sus esfuerzos colectivos para poner en marcha, en el corto plazo, varias propuestas de su agenda de acción regional (para un resumen del proceso GPPAC-ALC y la agenda de acción regional, vea: www.cries.org). La construcción de la paz en América Latina y el Caribe En el marco de la iniciativa GPPAC, se ha avanzado en el análisis de los conflictos violentos y la construcción de la paz en América Latina y el Caribe. Lo que sigue son algunos elementos de dicho análisis, publicado en un documento con el título de: ‘La Sociedad Civil y el Reto de la Construcción de la Paz en América Latina y el Caribe: Un Balance Preliminar’, CRIES-CEGRE, julio 2005). “Comparativamente con otras regiones del mundo, América Latina y el Caribe aparenta ser una de las regiones más pacíficas del planeta. La tendencia actual parece apuntar a una disminución significativa de los conflictos interestatales gracias al desarrollo de iniciativas de integración y de cooperación en seguridad regional, y a la implementación de medidas de confianza mutua. La percepción de que la región es una de las más pacíficas del planeta contrasta, sin embargo, con el hecho de que es una de las que presentan mayores índices de inequidad distributiva, de pobreza y de exclusión. Las expectativas generadas por los procesos de democratización desplegados a partir de la década de los ochenta no se han materializado ni en un cambio sustancial de las situaciones de exclusión social y de pobreza, ni en una consolidación de la institucionalidad democrática que permita profundizar a la ciudadanía tanto en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos, como de sus derechos económicos, sociales y culturales. A esta situación de tensiones y conflictos internos, cabe agregar la creciente preocupación de la ciudadanía por la inseguridad y la violencia, asociada con el desarrollo de redes criminales tanto de orden local como transnacional. Más allá de las amenazas a la seguridad regional, el espectro de amenazas a la ciudadanía, en términos de inseguridad, violencia e impacto de conflictos armados se ha ampliado significativamente en las últimas dos décadas, sin mencionar su creciente vinculación y articulación con otros problemas sociales. Por otra parte, hoy en día, es indudable la creciente importancia que adquieren los actores no-estatales en el sistema internacional y, en particular, el desarrollo de redes y organizaciones de la sociedad civil, y movimientos sociales de carácter regional y global. Sin embargo, una serie de estudios recientes ha puesto en evidencia las serias falencias de las redes y organizaciones de la sociedad civil en abordar los temas de la seguridad, la construcción de la paz y la prevención de conflictos armados en nuestra región. Los temas de seguridad y defensa han sido tradicionalmente relegados a las decisiones en el ámbito gubernamental, con claro sesgo estato-céntrico. Con excepción de las preocupaciones de redes y organizaciones de derechos humanos en evitar la reiterada conversión de las fuerzas armadas en un actor político y en denunciar el terrorismo de estado, el tema ha quedado circunscrito a las decisiones gubernamentales y, eventualmente, luego de la consolidación de los procesos democráticos, al interés de los académicos e investigadores generalmente identificados con una agenda definida por los gobiernos o por los organismos internacionales. El tema de la construcción de la paz ha estado alejado de los intereses de la ciudadanía en América Latina y el Caribe y las pocas redes y organizaciones que han actuado en relación a este tema no han dado lugar a iniciativas sostenidas a mas largo plazo para la construcción de la paz a nivel regional, ni a un movimiento social amplio como en otras latitudes. A su vez, en relación a la prevención de conflictos violentos, en su mayoría las redes y organizaciones de la sociedad civil han estado focalizadas en la resolución de conflictos, predominantemente a nivel comunitario. Eventualmente, como en los casos de las situaciones post-conflicto en algunos países centroamericanos (y de manera notable en Guatemala) y en situaciones de persistencia de conflicto interno, como en el caso de Colombia, han originado iniciativas de alcance más amplio, a nivel nacional, sin derivar, no obstante, en articulaciones más amplias. Diferencias aparte, este diagnóstico preliminar resumido señala la existencia de falencias, por parte de la sociedad civil organizada de América Latina y el Caribe, en cuanto a su atención a los temas centrales de la iniciativa de GPPAC: la seguridad y la defensa, la construcción de la paz y la prevención de conflictos violentos. La construcción de la paz en Bolivia Bolivia no presenta, en este sentido, ninguna excepción. Además de un fraccionamiento notorio de sus movimientos sociales y otras organizaciones de la sociedad civil, existe en sus análisis, luchas y proyecciones una alarmante desatención a los temas de la seguridad, la prevención de los conflictos violentos y la construcción de la paz. En el otro lado de una sociedad políticamente polarizada se encuentran los círculos cercanos a los tradicionales espacios de poder, los cuales en los últimos 20 años se vieron obligados a adecuarse en alguna medida a las normas de un modelo de Democracia que se impuso como la alternativa a las dictaduras de los décadas anteriores, no obstante, sin ser el resultado de una confluencia de todas las realidades y fuerzas constructivas del país. Un elemento que puso su sello particular en esta llamada ‘transición’ en Bolivia a un modelo político menos autoritario, es la diplomacia estadounidense, que suele actuar a partir de intereses específicos, reflejados con nitidez en las respectivas Estrategias de Seguridad Nacional que emite la Casa Blanca. De esta manera, Bolivia se convirtió desde el año 1986, en el un laboratorio de la proyección militar de los Estados Unidos hacia América Latina y el Caribe por medio de la Lucha Contra las Drogas (LCD). Y a pesar de que las consecuencias de esta proyección particular de la Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense se han ido manifestando en toda ALC, los analistas aún hemos quedado cortos en identificar el impacto nocivo particular que ha tenido y sigue teniendo la LCD en prácticamente todos los ámbitos de la vida social, económica y política del país. Es significativo el hecho que Bolivia figura, luego de Colombia, como el país de ALC con el segundo mayor número de participantes de sus fuerzas del orden (Fuerzas Armadas y Policía) en los cursos de capacitación del Pentágono. Resalta el hecho que durante los años noventa las Fuerzas Armadas Bolivianas (FAB) pudieron radicalmente cambiar su misión institucional e inclinarse ante su dependencia operativa de los recursos estadounidenses haciendo caso omiso de su responsabilidad constitucional. Los recientes recursos penales que han comenzado a cuestionar la actuación de algunos militares bolivianos no son más que pequeñas muestras de los altos niveles de incompatibilidad de la nueva misión abrazada por las FAB y los intereses de la ciudadanía boliviana. También son notorios los grados de intransparencia e insubordinación formal con los que actúa la alta jerarquía y funcionarios elite (especialmente los cuerpos antidroga y antiterrorista) de la Policía Nacional de Bolivia. En resumen, la democracia boliviana no ejerce el control democrático sobre los instrumentos estatales encargados del resguardo de la soberanía del país y la protección física de sus ciudadanos. Tampoco la atención estatal a los conflictos violentos y la construcción de la paz se sustrae de este estrecho marco de gobernabilidad democrática. Si los respectivos gobiernos de la democracia formal boliviana llegaron a formular alguna estrategia en este campo, ésta no logró adquirir el status de una política estatal dirigida a encontrar soluciones a las causas profundas de la conflictividad. Sin querer desconocer la existencia de iniciativas locales particulares, no pocas veces impulsadas a partir de fuertes reclamos desde la sociedad civil por actitudes de dejadez por parte de las autoridades bolivianas, éstas no lograron superar las fuertes contradicciones con el conjunto de políticas estatales, principalmente en el campo económico. Oportunidades actuales para la construcción de la paz en Bolivia En sus veinte años de gobierno democrático formal, a Bolivia no le han faltado las iniciativas desde la sociedad civil organizada que expresaran un reclamo de participación activa en la construcción del país. La muestra más reciente es la demanda por una Asamblea Constituyente, como expresión de la esperanza que en el próximo futuro se pueda llegar a sentar las bases de un nuevo “contrato social” por la gobernabilidad del país. Sin embargo, las recientes convulsiones en el país han sido expresiones tanto de las debilidades que existen en ámbitos gubernamentales, como de las faltas de la sociedad civil organizada en cuanto su organización interna (fraccionamiento) y el avance de sus debates (con propuestas poco elaboradas y para el corto plazo únicamente). En esta época pre-electoral nos encontramos en una especie de empate, en donde las distintas fuerzas políticas, en cierta medida, han llegado a reconocer sus debilidades y buscan rearticularse alrededor de las pocas figuras políticas que lograron resguardar un mínimo de perfil público de liderazgo en un ambiente extremadamente polarizado y fraccionado. Aunque pocos bolivianos creen que las elecciones de diciembre en sí ayudarán a solucionar los conflictos sociales del país, estos meses son bienvenidos por el respiro que brindan. Los sectores populares siguen esperanzados por la posibilidad de un cambio más profundo, y en ese sentido las elecciones tendrían que facilitar la realización del posterior proceso de re-definición que es la Asamblea Constituyente. La predisposición del nuevo gobierno para facilitar este proceso, será un importante punto del ovillo de la estabilidad política del país en la época post-electoral. Por otra parte, los movimientos sociales y demás organizaciones de la sociedad civil deberían utilizar esta oportunidad para avanzar en la construcción de alianzas reales por el país con que sueñen. Obviamente esta tarea no se limita a la época post-electoral, sin embargo, la posibilidad de establecer antes de las elecciones acuerdos programáticos trascendentales dependerá en buena parte de la claridad y solidez de los programas que serán presentados durante las próximas semanas. De todas formas, tanto el proceso electoral como la Asamblea Constituyente ofrecen amplias oportunidades para la introducción en los debates nacionales y locales de toda la temática de seguridad y defensa, prevención de conflictos violentos y construcción de la paz. Propuesta de actividades Para que ello ocurra con la mayor amplitud y solidez posible, Acción Andina Bolivia propone la realización de una mini-campaña, que comprendería, como mínimo, las siguientes actividades:
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