Publicado en Bolpress.com y en TNI, el 18 de diciembre de 2004

UN INFORME QUE LEVANTA RONCHAS

La WOLA (Washington Office on Latin America) tiene como emblema un cóndor tiawanacota coronado, que corre hacia la izquierda agarrando una serpiente como cetro. Al celebrar su trigésimo cumpleaños publicó, en noviembre 2004, un informe de 400 páginas, Drogas y Democracia en América Latina: El Impacto de la Política Estadounidense, que produjo una furibunda reacción del zar de las drogas de EE UU. Reacción retrucada, en diciembre 2004, por el investigador de WOLA J Walsh con el artículo ¿Estamos allí todavía? Midiendo el progreso de la guerra de EE UU contra las drogas en América Latina. (Véase www.wola.org).

WOLA afirma que al cabo de 25 años y de 25.000 millones de dólares, pagados en forma de impuestos por los ciudadanos estadounidenses, la guerra contra las drogas en América Latina es un fracaso rotundo ante el objetivo de reducir el consumo y la disponibilidad de drogas ilícitas en la superpotencia. Afirma además que los esfuerzos de EE UU para controlar las drogas en América Latina, se reducen a una guerra contra los pobres y a violentar las instituciones democráticas. Una grave complicación es que las fuerzas militares que violaron los derechos humanos en las décadas de 1970 y 1980, reaparecieron en la escena doméstica para repetir los abusos con el pretexto de coadyuvar o reemplazar a la policía. A pesar de que la enmienda Leahy estipula que EE UU no dará ayuda para seguridad a los países donde los militares o policías estén involucrados en violaciones de los derechos humanos; pero la enmienda es rara vez recordada.

Las campañas de erradicación forzada agravan la miseria de los campesinos, inflaman el conflicto social, socavan la democracia y encarcelan a ciudadanos pobres y pacíficos. Las fumigaciones aéreas en Colombia tienen consecuencias desastrosas para el ambiente y generan inestabilidad social, pobreza y violencia. Por otra parte, los donantes internacionales reconocen que los programas de desarrollo alternativo son incompatibles con la amenaza simultánea de la erradicación forzosa. Las metas de reducción de cultivos pueden ser negociadas únicamente después de haberse establecido otras fuentes de ingresos económicos. Si las lecciones aprendidas hasta ahora sirviesen para algo, se tendría que construir una relación más equitativa con los campesinos que cultivan coca y amapola, viéndolos como víctimas económicas y no como delincuentes, y aceptándolos como socios legítimos en los esfuerzos del desarrollo.

Joy Olson, directora de WOLA, dice que "Hemos gastado mil millones anuales de dólares en esfuerzos antidrogas en América Latina y no tenemos nada que mostrar más que puros daños colaterales. Podemos hacerlo mejor. Existen conocimientos y técnicas efectivas y humanitarias para enfrentar los problemas. Pero hace falta evaluar con honestidad y sin miedo los tabús de las políticas actuales. Los estadounidenses merecemos algo mejor".

Las políticas antidrogas de EE UU se pusieron en marcha en la década de 1980: Reagan declaró que las drogas ilícitas eran una amenaza a la seguridad nacional, 3 años después el Presidente Bush (padre) emprendió la Iniciativa Andina Contra las Drogas, que consistió en potenciar con entrenamiento y recursos a las fuerzas militares y policiales de América Latina, es decir, militarización. Al mismo tiempo, el Congreso de EE UU designó al Pentágono "la única agencia líder" para detectar los envíos de drogas ilícitas hacia EE UU". Con el fin de la guerra fría, el control de drogas se convirtió en el vehículo para mantener y expandir tanto la presencia del Pentágono como las relaciones de militar-a-militar en América Latina. Preocupa que estas actividades evaden los requisitos de aprobación y seguimiento por el Congreso; por otra parte, la naturaleza confidencial de los programas antidrogas debilita el poder democrático civil y fomenta la impunidad y la corrupción de las fuerzas armadas y la policía. Los programas estadounidenses de control de drogas se desarrollan a través de la coordinación con los gobiernos de América Latina y con el apoyo de la OEA. Es frecuente que el gobierno de EE UU use su poder económico y diplomático para asegurar la cooperación de los gobiernos locales, particularmente a través de la "certificación" anual que decide los beneficios comerciales y la asistencia económica de EE UU.

El informe de WOLA fue enérgicamente condenado por el zar antidrogas John Walters, Director de ONDCP (Office of National Drug Control Policy), quien lo tildó de "maltintencionado (...) y hecho por una organización con un historial de comportamiento reprochable (...) que manipuló la información para distorsionar los grandes éxitos que se han conseguido". Lo interesante del informe WOLA es que los datos presentados fueron obtenidos de la misma ONDCP. Pero según el zar, se trata de cifras viejas, del 2003, recolectadas durante los años 2001 y 2002, cuando recién comenzaba el Plan Colombia y la cantidad de coca en dicho país estaba en su más alto nivel; desde entonces, sostuvo, la erradicación ha sido masiva y los decomisos han batido todas las marcas anteriores. "Estamos esperando los nuevos resultados. Todos los indicadores demuestran que las cosas van bien y pronto veremos cambios en los precios del mercado" De acuerdo con Walters, la caida del precio y la mayor pureza de la cocaina en las ciudades de EE UU se deben a la reducción de la demanda, "Una gran oferta combinada con una reducción del consumo hizo que cayera el precio en las calles". En base a la encuesta MTF (Monitoring the Future) que revelaba un descenso de 11 % en el consumo de las drogas ilegales entre estudiantes de secundaria, afirmó que "El número de estadounidenses que consumen cocaína ha bajado drásticamente". Sin embargo, el análisis desagregado de esta encuesta mostró que si bien disminuyó el uso de marihuana, LSD y éxtasis, el uso de cocaína aumentó levemente. Respecto a Colombia, Walters fue enfático en que el interés de su país no es sólo reducir el consumo de drogas en EE UU sino ayudar a Colombia a defenderse de los grupos narcoterroristas (El Tiempo, Bogotá, 7 de diciembre de 2004).

LA DANZA DE LOS NÚMEROS

El debate sobre la guerra de EE UU contra las drogas en América Latina está empantanado por una inundación de números y estadísticas: hectáreas de cultivos eliminados; gramos, kilos y toneladas de drogas incautadas; hombres y mujeres encarcelados; pozas y laboratorios destruídos; etc., etc. Por ejemplo, el INCSR (International Narcotics Control Strategy Report) cita las cifras siguientes sobre los progresos de 2003:

• En Colombia se destruyeron 83 laboratorios de cocaína, se incautaron más de 48 toneladas de pasta base de coca y cocaína, 1.500 toneladas de precursores sólidos y 75.000 galones de precursores líquidos.
• En México se incautaron más de 20 toneladas de cocaína.
• En Bolivia se incautaron 152 toneladas de hoja de coca, 13 toneladas de cocaína, 8,5 toneladas de marihuana, y cerca de 1.100 toneladas de precursores.
• En el Perú se incautaron aproximadamente 4 toneladas de pasta base y 3,5 toneladas de cocaína.

Los números son la clave de las discusiones en el gobierno de EE UU porque dan la apariencia de objetividad y precisión, creando la impresión de que el control de las drogas se mide científicamente para demostrar el éxito de la guerra. Pero antes debería llegarse a definir el éxito de acuerdo a objetivos e impactos. Es difícil comprender que las estadísticas sobre hectáreas erradicadas y fumigadas, o sobre toneladas incautadas, sean motivo para cantar victoria cuando al mismo tiempo aumentan el uso y la disponibilidad de cocaína más barata y más potente, más al alcance de los bolsillos de los estadounidenses.

En el lado de la demanda, la presidencia de de Bush fijó el objetivo único de reducir la prevalencia del uso actual de drogas ilícitas (el porcentaje de gente que ha usado estas drogas en los últimos 30 días). Reducir la prevalencia está bien, pero es sólo un aspecto del problema. El enfoque en la prevalencia ignora la diferencia entre uso "leve" y "pesado". Los que usan dosis altas y frecuentes son una minoría, pero contribuyen desproporcionadamente a los problemas asociados, el delito y la difusión del VIH/SIDA y la hepatitis C. El 20 a 25% de todos los usuarios del último mes consumen el 80% de la cocaína vendida en EE UU. En consecuencia, por mucho que baje la prevalencia, sería mínimo el impacto sobre la cantidad total consumida, los problemas asociados y las ganancias de las mafias.

Usando datos de ONDCP, WOLA reveló que el precio de venta al por mayor y menor de la cocaína en las calles de EE UU está más bajo que nunca y que su pureza es mayor. En 2003, dos gramos de cocaína con pureza del 75% costaban 106 dólares; mientras que en 1981, dos gramos con pureza del 40% costaban 550 dólares. Además, la corrección metodológica de las encuestas anuales casa-por-casa en todo EE UU del NSDUH (National Survey on Drug Use and Health), mostró que el uso de cocaína se había elevado de 1,4 millones de usuarios a 1,8 millones en 1994-1998, y que siguió subiendo hasta 2,8 millones en 2003. El sistema DAWN (Drug Abuse Warning Network) que monitorea las emergencias hospitalarias relacionadas con las drogas, indica que las emergencias debidas al uso de cocaína subieron un 33% de 1995 a 2002. La encuesta de 2003 es más preocupante: el número de los que probó por primera vez la cocaína es mucho mayor que a comienzos de los 90. Además la edad del primer consumo bajó de 22,1 años en 1993, a 20,3 en 2002. Las mismas tendencias se observan en el uso de heroína, que también proviene de América Latina.

Desde la década de 1980, la política de drogas de EE UU consiste en reducir la oferta de cocaína y heroína interrumpiendo la producción en los países de América Latina, e incautando los envíos de drogas a EE UU. La reducción de la oferta hace que las drogas sean más caras, menos potentes y menos accesibles. En teoría se reduciría la disponibilidad porque aumentaría el precio y disminuiría la pureza de las drogas hasta disuadir a los usuarios. Se considera que la demanda de cocaína y heroína es elástica, de modo que 1% de aumento en el precio reduciría el consumo entre 0,2 a 1%. Pero en abril de 2004, el NDIC (National Drug Intelligence Center), del Departamento de Justicia de EE UU, afirmó que "La cocaína en polvo y el crack son disponibles en todo el país y tal disponibilidad parece estable". La teoría parece buena, pero la realidad parece terca.

Esta situación no se debe a la negligencia, al contrario, EE UU ha intensificado dramáticamente sus esfuerzos para cortar la oferta de drogas dentro y fuera del país. El apresamiento de los dealers (vendedores de drogas) ha sido la característica central de estos esfuerzos. El número de personas presas por delitos de drogas ha trepado de 42.000 en 1980 a más de 480.000 en 2002. Además del castigo, los apresamientos tendrían el objetivo de disminuir la disponibilidad encerrando a los vendedores y desalentando a los compradores; sin embargo, un estudio reveló que el impacto de apresar dealers es casi cero, porque mientras existan compradores las ganancias atraerán a nuevas organizaciones para la venta.

La mayor dificultad para saber si la guerra progresa, se pierde, o si hay empate, es que las estadísticas sobre producción y oferta no dan por ninguna clave útil, y entonces hay que adivinar datos básicos como la cantidad de cocaína que podría estar almacenada en distintos lugares, la extensión de los cultivos (que se desplazan o se dispersan), o el volumen de las cosechas y la proporción transformada en droga. Las cifras publicadas por la CIA son aproximaciones puntuales que no muestran los rangos de variación, ni explicitan los métodos de cálculo, lo cual les resta validez.

El Departamento de Estado señala que el volumen real de una cosecha varía cada año con la fertilidad del suelo, el clima, las técnicas de cultivo o las enfermedades. La productividad (rendimiento de hojas por planta) es función de la edad de la planta, y el número de cosechas depende del tipo de planta. Las barreras para recolectar esta información son prácticamente insuperables por la clandestinidad, aparte de las dificultades geográficas para ubicar los cultivos. El Departamento de Estado aclara además que los rendimientos de la refinación varían con el tamaño y la sofisticación de los laboratorios, la experiencia de los químicos y trabajadores locales, y las decisiones para evadir la persecución legal. Por ejemplo: se siembran extensiones pequeñas difíciles de detectar, se dice que en Colombia se cubren las plantas con sustancias que las protegen de la fumigación, o que se desarrollan variedades genéticas resistentes a los herbicidas.

La incertidumbre de estos parámetros no es hipotética: en 1999 el INCSR reportó que en Colombia la producción total de cocaína de 1995 a 1998 fue de 480 toneladas, pero el 2000 corrigió este cálculo y reportó 1.315 toneladas para el mismo período. El Comité de Vigilancia de la Disponibilidad de Droga, encabezado por la DEA, declaró que "la incertidumbre de estos datos hace irrazonables las conclusiones sobre aumentos o disminuciones anuales".

Los datos no son mejores en el lado de las incautaciones. Debe notarse que cada día se descargan en los puertos de EE UU 21.000 containers de carga naval, de los cuales se inspeccionan el 4 a 6 %. Cada día cruzan la frontera de EE UU con México un millón de personas y 300.000 autos y camiones, y 15 millones de containers pasan esta frontera cada año. El comercio legal da oportunidades a los traficantes que se adaptan a las tecnologías de pesquisa de drogas. Suponiendo que cada año entran a EE UU 300 a 400 toneladas de cocaína, tales cantidades son una pequeñísima fracción del comercio legítimo; aún con incautaciones del 40%, la cocaína seguiría circulando en el mercado a precios convenientes. Por otra parte, sería absurdo pensar en cerrar las fronteras a todo el comercio legal y al turismo.

La administración de Bush tiene fe en que la fumigación aérea y los empleos generados por el desarrollo alternativo en Colombia convencerán a los campesinos de que el cultivo de coca será fútil. Mientras tanto, en Colombia, Perú y Bolivia, cerca de 25 millones de personas viven con menos de $ 2 al día o menos, y 10 millones están desnutridos, con lo que resulta dudoso que este cultivo sea considerado fútil; en realidad, la erradicación aumenta el precio de la coca e incentiva los cultivos. Según la ONU, los precios de la coca en 2003 eran en Bolivia 5 veces más altos que en 1996, y en el Perú 3 veces más.

Históricamente, los "éxitos" medidos por los indicadores de la oferta han sido efímeros, con graves efectos perturbadores, y han producido una reorganización del narcotráfico, pero sin interrumpirlo.

• Las severas medidas contra el tráfico de marihuana colombiana dispararon el tráfico de cocaína.
• La interdicción en el Caribe y Florida abrieron las rutas a través de México.
• La erradicación de coca y la interdicción de pasta base en Perú y Bolivia expandieron la producción en Colombia profundizando el conflicto armado y la intervención militar de EE UU.

La confianza en los indicadores oficiales de éxito se debe a la idea falsa de que las actividades de erradicación e interdicción tendrán un efecto directo e importante en el precio final de la cocaína en EE UU. ONDCP sostiene que la estrategia de EE UU se basa en un "modelo de mercado para cortar la cadena de producción donde sea más vulnerable". De ahí la premisa de que la "la vulnerabilidad clave de la industria de la cocaína está en la fase del cultivo". En realidad, el Departamento de Estado considera que "Si destruimos las plantas o las forzamos a nos ser cosechadas, no entrará droga al sistema". Simplificación que sobreestima la vulnerabilidad de la hoja y conduce a equivocarse en los objetivos. La reducción de cultivos no parece exitosa si se mira desde una perspectiva histórica: la reducción del 47% del área cultivada en Colombia entre 2002 y 2003 es menor en sólo 5% del área total de cultivos en 1999

En todo caso, la erradicación de coca no perjudica a los narcotraficantes ni disminuye su capacidad de producir cocaína y venderla en EE UU. La hoja de coca constituye una fracción insignificante del precio al por menor de la cocaína en EE UU. Con menos de $ 1.000, los traficantes pueden comprar las hojas necesarias para producir 1 kilogramo de cocaína que se vende a $ 150.000 en EE UU. Puesto que las inversiones de los traficantes son mínimas en el inicio de la producción, se comprende que el ataque en esta etapa le cuesta casi nada al narcotráfico. Sus pérdidas pueden recuperarse fácilmente o pueden amortiguarse con las reservas de sus depósitos de droga. Una cantidad de cocaína que vale $ 500 millones en EE UU cuesta $ 3 millones en la etapa de plantación. La erradicación y la "tolerancia cero a la hoja" golpean sólo a los campesinos más pobres.

La naturaleza sospechosa de los indicadores tradicionales de la guerra contra las drogas ha sido advertida en Washington. Un estudio de 2001 del NCR (National Research Council), muestra que las evaluaciones son deficientes: en 1999 se había invertido sólo $ 1 en investigación por cada $ 107 gastados. En 2003, la OMB (Oficina del Presupuesto), encontró que la DEA era incapaz de demostrar sus progresos en reducir la disponibilidad de drogas ilegales en EE UU. En 2004, la misma OMB afirmó que no estaban demostrados los esfuerzos de interdicción de la Guardia Costera, y señaló que no hay conexión entre las metas anuales de interdicción y el objetivo de reducir el uso. Pero NCR y OMB son las excepciones que confirman la regla.

Para esquivar preguntas sobre el presupuesto, la administración de Bush reestructuró el presupuesto federal del control de drogas escamoteando miles de millones de dólares de encarcelamientos por drogas. En el presupuesto federal de 2003, se incluyeron $ 4.400 millones para la persecución y encarcelamiento de delitos de drogas. Pero en 2004 desapareció este ítem del presupuesto de ONDCP, aunque los gastos aumentan. Ejemplo: más de 23.000 personas fueron sentenciadas, por delitos de drogas, a prisión federal en 2001 y el gobierno federal gastará 3.500 millones de dólares en mantener a estas personas tras las rejas, costos similares deberán destinarse a las personas sentenciadas en 2002, 2003, etc. Esta distorsión sirvió para que ONDCP presente un increíble presupuesto de $ 43 millones, que equilibra el control de la oferta y la reducción de la demanda. El silencio del Congreso en este caso sugiere que no tiene ganas de evaluar el progreso de la guerra contra las drogas. Un argumento de los "guerreros" es que las drogas serían aún más baratas sin los esfuerzos para controlar la oferta. Pero tal argumento no puede probarse y está lejos del alboroto con que pregonan la inminente quiebra del narcotráfico. La guerra contra la oferta goza aún de cierto prestigio, pero la realidad está empezando a entrometerse.

Si las evidencias sirvieran de algo, los políticos de EE UU deberían invertir más recursos en estrategias efectivas, como el tratamiento de usuarios de altas y frecuentes dosis, y el seguimiento de usuarios en libertad condicional. En 1994 se encontró en California que por cada $1 invertido en tratamiento se ahorraban $7 en impuestos para prevenir el crimen. El mismo año, el grupo RAND reveló que el tratamiento de los consumidores "pesados" de cocaína tiene una efectividad 23 veces mayor que la erradicación, 11 veces mayor que la interdicción, y 3 veces mayor que la cárcel. Lo sensato sería dirigir las estrategias de control de drogas hacia el mejor resultado con el mínimo gasto. Desde 1981, EE UU ha invertido $ 45.000 millones en programas mundiales de control de drogas y no ha logrado elevar los precios. Si el gasto se mantiene, Bush gastará 19.000 millones adicionales. Pero nadie espera que cambie las políticas antidrogas actuales.

WOLA insiste en que se necesitan nuevos indicadores para medir y evaluar el avance de las políticas antidrogas, indicadores congruentes con el objetivo de reducir el consumo y la disponibilidad de drogas. Para alcanzar este objetivo y para aliviar los daños causados por la guerra contra las drogas en América Latina, hace falta, además, ser honestos con los números.

La importancia del informe WOLA es que -al dejar atrás los tabús que defienden el ingreso al Sancta Santorum del establishment- abre la posibilidad de iniciar un debate a fondo sobre las políticas de EE UU y sus impactos en América Latina. Pero tal posibilidad disgusta al zar y sus cortesanos.

¿QUÉ TIENE QUE VER EL ESTABLISHMENT?

Howard Zinn recuerda en La otra historia de Estados Unidos (Siglo XXI, 1999), que desde Jefferson y Jackson hasta hoy, la visión de los partidos siempre ha estado determinada por las virtudes de la propiedad, la libre empresa y el nacionalismo. Una incitación capitalista a la creación de enormes fortunas, junto a una pobreza desesperada, la aceptación de la guerra y los preparativos para realizarla. La "tradición política americana" garantiza el poder y la influencia del ejército para respaldar la depredación del resto del mundo por los banqueros estadounidenses y las grandes corporaciones multinacionales. Los medios de comunicación refuerzan tal tradición con una propaganda incesante que seduce y atemoriza a las clases medias, al mismo tiempo que censura la palabra y la opinión de quienes se niegan a seguir el juego, y, finalmente, acicatea la discriminación y la represión contra los grupos inconformes, dentro y fuera de EE UU.

En este contexto, Zinn ha escrito que el establishment es "un inquieto club de ejecutivos, políticos y generales" que vigila la ortodoxia de la "tradición política americana" cualesquiera que sean los grupos que eligen al presidente y los Congresistas, una vez elegidos lo que importa es renovar los acuerdos cupulares para estructurar políticas que mantengan viva la visión y la misión originales de los padres fundadores de EE UU. El establishment es así un "poder detrás del trono" que maneja con sigilosa habilidad los hilos de la "razón de estado" para movilizar el apoyo de los líderes de los dos partidos y de las instituciones clave, así como para eliminar los obstáculos que pudieran entorpecer los designios políticos fundamentales. Las políticas de estado resultan así indiscutibles e inalterables. Pero además se presentan siempre como exitosas y justas, al extremo de que cualquier duda sobre su eficacia resulta fácilmente superada por la opinión pública mayoritaria. En Le Monde Diplomatique de noviembre 2004, R Fantasia (Bush-Kerry, miembros de la misma secta académica) documenta el funcionamiento del establishment y permite entender mejor porqué el candidato demócrata apoyó la guerra del presidente republicano en Irak.

El Chapare (nombre del trópico de Cochabamba en el imaginario colectivo), es un caso paradigmático. Durante la guerra fría, la política de EE UU en nuestra América fue la de erradicar los grupos que simpatizaban con la URSS y Cuba, para lo cual dio apoyo a sangrientos dictadores anticomunistas, hasta que fueron derrocados por fuerzas democráticas que incluían a esos grupos. El gobierno boliviano de 1985, fiel seguidor de la política estadounidense, relocalizó a los mineros de la COMIBOL para eliminar los sindicatos de orientación izquierdista. Sin embargo, varios dirigentes mineros se ubicaron en el Chapare, por lo que la política de la guerra fría consideró necesario desestabilizar la región. En 1988 el mismo gobierno promulgó la ley 1008, que al no poder declarar una guerra contra los habitantes del Chapare, ni declarar ilegales los cocales (debido a que el cultivo de coca en el Chapare es tradicional y continuo desde épocas pre-incaicas), los calificó de excedentarios, dejando para el futuro la decisión de erradicar el "comunismo" que nacía a la sombra de las plantas de coca. Un año después se produjo el repentino derrumbamiento de la URSS.

El mundo creyó que la paz liberaría cientos de miles de millones de dólares por año para proyectos sociales constructivos dentro y fuera de EE UU, pero la paz no está en la "tradición política americana". Para probar que la gigantesca institución militar era necesaria, el gobierno de Bush (padre) emprendió la guerra contra Noriega, con el objetivo -que nunca cumplió- de frenar el tráfico de drogas ilícitas a través de Panamá; después atacó a Irak. La guerra fría fue reemplazada en nuestra América por la guerra contra las drogas. Mientras tanto, en el Chapare seguía inconclusa la guerra contra los grupos que no apoyaron las políticas estadounidenses, los antes llamados comunistas fueron rebautizados como narcotraficantes y terroristas; con estos nombres se proclamó la coca cero y se procedió a la masacre. Los nombres cambian, pero la política de guerra se mantiene, indiscutible e inalterable, para respaldar a las transnacionales. Un reciente cambio para que todo siga igual es afirmar que las drogas ilícitas son armas de destrucción masiva.

Dentro de EE UU, la satanización de los usuarios de cocaína produce como primer efecto la movilización del apoyo público a la represión contra estos seres maléficos y repugnantes, que en realidad son las víctimas de las políticas que prestan muy escasa atención al tratamiento y la rehabilitación. Pero el efecto más importante es mantener atemorizados a los estadounidenses con la amenaza de un enemigo diabólico que pretende atacar al imperio desde su patio trasero, así la guerra es necesaria y justa.