Publicado en el semanario PULSO, Nº 179, 10 - 16 enero 2003

Ante la proximidad de la Conferencia de Ministros para revisar 5 años de políticas de la ONU sobre drogas en Viena, abril 2003[i] , 108 Miembros del Parlamento Europeo, denuncian que el prohibicionismo obstaculiza la prevención, conduce a la represión ciega y causa ganancias crecientes para el crimen organizado, e inician la campaña para enmendar o revocar las convenciones de la ONU de 1961, 1971 y 1988. La recomendación de los 108 parlamentarios puede ser firmada por los ciudadanos en una página web[ii].

Casi simultáneamente, circula la invitación a la Primera Cumbre Internacional sobre Legalización Saliendo de las sombras. Terminando con la prohibición de las drogas en el siglo XXI, que reunirá Norte, Centro y Sudamérica y aliados y amigos de todo el mundo, del 12 al 15 de febrero 2003, en la Universidad Autónoma de Yucatán, Mérida, México[iii].

Estas noticias reflejan la convicción globalizada de que la millonaria guerra contra las drogas ha fracasado y causa daños devastadores. Son daños diferentes para los países ricos y los pobres que como Bolivia, producen ingredientes vegetales para fabricar estupefacientes.

EEUU, la Unión Europea y Japón, se oponen a los controles de exportación e importación de precursores químicos, tan necesarios como las hojas de coca para fabricar cocaína, argumentan que si se interfiere con los principios internacionales del libre comercio el costo de la guerra contra las drogas sería demasiado alto[iv]. En cambio, venden para esta guerra ayuda militar, armas convencionales, químicas y biológicas, a pesar de los principios internacionales sobre salud ambiental y protección de la población civil. El narcotráfico y su consecuencia, el lavado de dinero, son un negocio casi exclusivo de los bancos de estos países. Y quienes más ganan con el desarrollo alternativo son los propios donantes cuyos técnicos y ONGs tienen salarios astronómicos en términos del país receptor y disfrutan de privilegios inconcebibles para los campesinos, aparte del prestigio de ser sus benefactores. Los países ricos también ganan victorias políticas con esta guerra, sus gobernantes obtienen votos proclamando que al combatir el flagelo protegen a la juventud y las generaciones futuras al mismo tiempo que reducen la delincuencia. Adicionalmente se jactan de respetar los acuerdos internacionales y de contribuir al desarrollo de los atrasados países que cultivan plantas prohibidas. Los productores de precursores producen además las drogas ilícitas que no requieren insumos naturales, como LSD, Extasis, Speed, pildoritas, e inhalantes volátiles.

Estos ejemplos muestran que la guerra contra las drogas beneficia a los países ricos, esa es su razón para apoyar la erradicación de cultivos. Pero esta guerra también los daña, esa es su razón para cuestionar las convenciones y políticas de la ONU.

El informe del Centro europeo de vigilancia de las drogas y el abuso de drogas, octubre 2002, expresa la preocupación de que persistan los problemas de las drogas, pero, curiosamente, sus tres problemas - alta prevalencia de infección por VIH y hepatitis C, mortalidad por el uso de drogas, y falta de tratamiento en las prisiones - no se deben al uso de drogas, sino a las políticas prohibicionistas. Estos problemas se controlan en Suiza, Holanda, y España con la política de reducción del daño, que incluye distribución de jeringas y agujas estériles, suministro de sustancias sustitutivas y aplicación médica de heroína a los adictos. La reducción del daño disminuye la mortalidad, las infecciones, el estigma y la discriminación de los usuarios sin exigirles que dejen de usar drogas para recibir tratamiento. En las prisiones es muy fácil adquirir drogas y su uso inyectable es mucho más frecuente que afuera, especialmente entre las mujeres, pero sólo España y parte de Alemania tienen programas de reducción del daño en las cárceles. Los gobiernos, en general, dan prioridad a las Convenciones de la ONU sobre los intereses de los usuarios de drogas, aunque los usuarios problemáticos bajan del 9.3 por mil habitantes en Luxemburgo, hasta 2,6 en Holanda, de modo que el país acusado de ser el supermercado de las drogas ilícitas tiene menores problemas por su consumo[v].

Desde 1998 la estrategia de la ONU "Un mundo libre de drogas ¡Podemos lograrlo!" enfoca 8 países: Bolivia, Colombia y Perú; Laos, Myanmar y Vietnam; y Afganistán y Pakistán, en los que se espera erradicar la coca y la adormidera hasta el 2008[vi]. Me referiré a Bolivia, mencionando de paso que el Plan Colombia asigna US$ 2 millones diarios durante 2 años a la guerra contra la insurgencia y contra los campesinos que cultivan coca y amapola.

El Plan Dignidad 1998-2002, con US$ 952 millones, fue el primer ensayo de la estrategia de la ONU; produjo en Bolivia la pérdida anual de US$ 500 millones y dejó sin ingresos a las familias cocaleras que sólo recibieron programas inservibles de desarrollo alternativo cuyos tardíos productos no pueden venderse por la presión del libre comercio. No se ha hecho ningún intento para iniciar una estrategia de comercio justo que contrarreste el cultivo ilícito, y parece que no hay probabilidades de que se haga. ¿Se trata de combatir la pobreza combatiendo las ganancias? La legalización internacional de la coca (que implica revocar algunos artículos de las Convenciones de 1961y 1988), impulsaría el desarrollo de Bolivia con la condición sine qua non de controlar estrictamente el tráfico de los precursores imprescindibles para fabricar cocaína. Sospechosamente, el gobierno actual ignora las cantidades de precursores importados que se desvían al mercado ilegal.

Los daños políticos infligidos a nuestra frágil democracia por la militarización de la erradicación son de lo más variados. Debilitan los esfuerzos para subordinar a los militares al poder civil, para que vuelvan a sus cuarteles, vigilen las fronteras y rindan cuentas transparentes, mientras que conduce a militares y policías a violar los derechos humanos, asesinar y torturar bajo el amparo de los tribunales militares, aunque la Constitución exige que estos crímenes sean juzgados por civiles. Las fuerzas en el Chapare consumen recursos que podrían destinarse, por ejemplo, a la seguridad ciudadana. El gobierno delega el terrorismo de estado en los "chicos malos" que, al exacerbar el miedo en la población, justifican la intromisión militar. En resumen, después de las dictaduras anticomunistas, la democracia boliviana cede su autoridad a los uniformados con el pretexto de defendernos de las drogas, el nuevo enemigo interno.

La erradicación devora la atención y los recursos que no tiene Bolivia para enfrentar el daño causado por el alcohol y el hacinamiento en las cárceles, mientras que el uso de las drogas ilícitas no plantea problemas significativos[vii] .

Las razones para cambiar o revocar las convenciones se fortalecen con el fracaso de la Iniciativa Andina del presidente Bush (padre) de miles de millones de dólares para la guerra contra las drogas. Las estadísticas de 1981-2000 prueban que en EEUU baja el precio de la cocaína y su pureza sube desde 1990, al año de lanzarse la Iniciativa Andina[viii]. Pero los guerreros sostienen que la razón por la cual la fuerza no ha funcionado es que ha sido poca y que, por lo tanto, debe aumentarse.

[i] Argandoña,M., Coca y democracia, PULSO, 6-12 diciembre 2002

[ii] www.radicalparty.org/lia_paa_appeal/.

[iii] www.stopthedrugwar.org/sombras/

[iv] Blickman,T., Estrategia mundial antidrogas: Barniz de un colapso, Rev. Acción Andina Nº 2, Junio 1998

[v] Drugs and Development Nº 35, November 2002, ENCOD, www.encod.org/dad-35.htm

[vi] Políticas de control de drogas de las Naciones Unidas, TNI, www.tni.org/drogas/ungass/polinnuu.htm

[vii] Informe de la salud en el mundo, 2002, OMS, en LOS TIEMPOS 31/10/2002

[viii] Las tablas estadísticas de White House, Nacional Drug Control Strategy, February 2002, se reproducen en:

WOLA Drug War Monitor, December 2002. www.wola.org