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Página 6 de 6 De acuerdo con las notas de prensa, Cochabamba parece ser el departamento del país que en estos últimos años ha registrado más casos de linchamiento de supuestos delincuentes. La prensa da cuenta, igualmente, de una creciente demanda de protección en diversos barrios periurbanos de Cochabamba, frente a lo que a juicio de muchos es el progresivo aumento de la inseguridad ciudadana. Sin perder de vista el rol que los medios pueden cumplir en la formación de sentimientos de inseguridad, creemos que la comprensión de este problema pasa por conocer el punto de vista de los directamente interesados: pobladores de las periferias de Cochabamba, respecto a los miedos, preocupaciones e inseguridades, sus causas y las alternativas de solución. Son estas visiones las que hemos querido reflejar en esta primera sistematización de percepciones y reflexiones de grupos de vecinos de algunos barrios. Los pobladores advierten cambios en el espacio urbano que impactan en sus vidas: los barrios crecen, el anonimato ha ganado terreno y los vecinos ya no se conocen como antes. Ha surgido una desconfianza hacia ‘el otro’, sobretodo cuando éste viene de otros lugares. Parece haberse generalizado una sensación de temor que se proyecta en figuras estereotípicas provocadoras del miedo, como el ‘taxi blanco’, la chichería como generadora de delito, y el asaltante escondido entre las ramas de un árbol. El crecimiento de los barrios viene acompañado de la pobreza y el desempleo, que para muchos son fruto de las políticas económicas aplicadas en los últimos veinte años. En este contexto de grandes inseguridades económicas los vecinos perciben la existencia de presiones sobre una convivencia familiar susceptible a complicarse por una variedad de factores, entre los que se menciona a la imposibilidad de estar con los hijos durante el día, la falta de comunicación al interior de las familias, y falencias en el “control paternal”. En los casos más fuertes, los entrevistados asocian estas dificultades con la violencia doméstica, el divorcio o el consumo de alcohol, como expresiones de nuevas inseguridades, incluida la seguridad física. . Los entrevistados también apuntan al devenir de los espacios públicos, que ya no son considerados como sanos ni seguros. De acuerdo con su lectura, la falta de mayores puntos de encuentro, educativos, culturales, o de esparcimiento, lanza a los jóvenes a las chicherías. Varios jóvenes, por su parte, sostienen que la pérdida de seguridad también se debe a la existencia de actitudes cerradas y acciones de corte autoritario de parte de los adultos de sus barrios frente a la construcción de espacios juveniles independientes. Todos estos elementos, y otros más, darían por resultado una sentida falta de cohesión en el accionar colectivo. Se menciona un encerramiento en la familia, y una tendencia a no querer intervenir demasiado en los problemas familiares de los vecinos. Se mencionan divisiones internas en las organizaciones vecinales en relación a la actuación en los barrios de partidos políticos o de dirigentes afiliados a ellos. En consecuencia, se complica en algunos barrios el ejercicio de un mayor control de los vecinos sobre su espacio comunal, y son escasos los ejemplos de intervenciones no violentas exitosas de los pobladores (dirigentes) en algún conflicto que compromete la seguridad del barrio. Por otro lado, las instituciones de control y justicia estatal son, a los ojos de la población, ineficientes, corruptas, y discriminadoras, y actúan de acuerdo con normas que se ven como ajenas y contraproducentes, lo que lleva a muchos pobladores a impugnarlas. Es notable, en particular, la resistencia a una plena vigencia de los derechos humanos, cuyas normas tienden a considerarse protectoras de los delincuentes. Especialmente cuestionado es el derecho a la defensa del acusado de un delito, encarnado en la labor del abogado defensor, y con cierta facilidad se reemplaza el principio de la presunción de la inocencia por la certeza de culpabilidad, a la menor sospecha. De esta manera, la demanda de una mayor seguridad parece ir de la mano de una disposición para ceder en el respeto a los derechos humanos, lo que está de acuerdo con la lógica dominante de que la represión sería el principal arma contra la delincuencia (Goldstein, 2005). En suma, se cuestiona la legitimidad del sistema de justicia en dos de sus facetas. En su práctica cotidiana se le considera corrupto, excluyente e inaccesible, mientras en su concepción fundamental, se pone en tela de juicio la supremacía de los derechos humanos individuales. Esta última percepción incluye la labor de activistas que luchan por el respeto a los derechos humanos quienes, al actuar a favor del delincuente, alimentarían la inseguridad, haciendo al sistema de justicia aún más injusto de lo que es. Frente a las serías falencias del Estado y sus representantes en su mandato de dar protección a la población, muchos barrios, incluidos algunos periurbanos, han optado por acudir a la creciente oferta de los servicios de seguridad privada. En algunos otros, son los mismos vecinos los que se han organizado para su autoprotección Ambos mecanismos, sin embargo, enfrentan obstáculos y suscitan dudas. Se cuestiona la eficacia de la seguridad privada, aunque pese a todas las deficiencias, la falta de control y suspicacias que ésta despierta, también hay quienes consideran que eleva la sensación de protección. En cuanto a los sistemas de autoprotección implementados por algunos barrios, pese a las señales de buena voluntad de algunos dirigentes, enfrentan el crecimiento poblacional, la falta de cohesión, dificultades de organización, conflictos internos, que dificultan su labor.
Así pues, ante la ausencia de alternativas efectivas, en un contexto de carencias, desconfianza, tensiones y vulnerabilidades ante la vida y el delito, parece haber tomado fuerza el expediente más radical: la vía de la eliminación del ‘mal’ encarnado en el sospechoso del delito. Se materializa de esta forma la percepción existente en algunas personas de que el presunto delincuente es una persona despreciable, descartable y susceptible de ser eliminada sin rodeos. No obstante, si bien para algunos el propósito puede ser su eliminación, cabe recordar que la violencia colectiva ejercida contra una persona a través de los linchamientos no siempre termina con su muerte. La llamada “justicia por mano propia”, puede consistir en ocasiones en torturas o palizas, y gritos e insultos contra del sospechoso. En ambos casos, los argumentos que muchos vecinos presentan como justificación son diversos: la rabia y la impotencia frente a las situaciones de injusticia y/o de inseguridad aguda no atendidas por las autoridades; el castigo; el “resarcimiento” (“el que ha hecho daño debe pagar por ello”); el escarmiento (“para evitar que se repita el acto”); o el temor a la represalia (“si no le matamos, vendrá a vengarse”).
Sin embargo, cualquiera que sea el justificativo, y pese a que algunos cuestionan la eficacia de los linchamientos (‘el delito para aquí, pero aparece en otra parte’), y sus bases morales (‘matar no es bueno’) hay un hecho que tales justificaciones no logran disimular: la creencia en la violencia física como medida de represión del delito. Palpando esta atmósfera, no debe extrañar finalmente que una gran parte de la población cochabambina, en sus diversos estratos, sea activa demandante de un mayor endurecimiento normativo y una mayor acción policial contra el ‘delito’. Aunque cabe resaltar que no se busca “combatir” cualquier delito, sino el que se apropia de los bienes privados, el que asusta, no así el que se apropia de los bienes públicos o el delito de cuello blanco. De esta manera, la Seguridad Ciudadana se ha ido emparentando con la lucha contra ciertos tipos de delito. En este marco, sobresalen riesgosas tendencias vinculadas a la creación de los estereotipos del ‘delincuente’ que pueden tomar fuerza entre la población y sus autoridades, que llevan a la criminalización de ciertos sectores sociales, como por ejemplo los pobres y los jóvenes, a los que, en otras palabras, se les coloca la etiqueta de criminales” A la vez, los discursos que reconstruyen y mantienen dichos estereotipos inducen a evadir las temáticas económicas, políticas y sociales de fondo. Tanto en los discursos estatales y políticos, como entre diversos sectores de la sociedad, prevalece la consigna de la ‘erradicación de la delincuencia’, que alude a un enfrentamiento entre los ‘buenos’ y los ‘malos’ pidiendo acciones de ‘mano dura’. Esta visión concuerda con la que en la actualidad promueven los círculos más reaccionarios de las principales potencias del mundo; círculos que focalizan su lucha en los denominados criminales, (léase: mafiosos, terroristas, narcotraficantes, bandas juveniles y otros) en lugar de incidir en las causas que generan la criminalidad y en la formulación de políticas que contribuyan a resolverlas. De manera que, contradictoriamente, sus propuestas y acciones se dirigen a atacar los efectos de los problemas ignorando sus causas.
En el camino del combate contra ese ‘enemigo’, la ciudad podría acabar convertida en una gran barricada, y los ciudadanos en cruzados contra el mal, en busca de ese enemigo volátil: el ‘delincuente’. Por esto, conviene recordar que la seguridad ciudadana, en su sentido más amplio, consiste en el ejercicio pleno de todos los derechos humanos por parte de todos los sectores sociales. Desde esa óptica, la seguridad física es tan solo una dimensión de una seguridad que además incluye los ámbitos económico, jurídico, laboral, alimenticio, sanitario, ambiental, y otros, que hacen a la calidad de vida del ciudadano.
Todos estos aspectos hacen necesaria una intervención estatal dirigida a resolver todas las carencias estructurales de la población, en las que se enraízan tales inseguridades. Es necesario también, que los planes de seguridad ciudadana no solo estén dirigidos a repeler el delito, sino a la formulación de programas de prevención social, con la participación de la comunidad, como parte de políticas de prevención ampliadas. Para ello, este informe recoge algunas ideas de los entrevistados, los cuales enfatizan en primer lugar la necesidad de que las autoridades establezcan mecanismos informativos, de diálogo y capacitación que permita a la población ampliar su acceso a los instrumentos estatales de justicia y seguridad, construir capacidades propias para el manejo de sus conflictos familiares y vecinales, y la creación y reconquista de sus espacios públicos. En los albores de un ciclo de cambios políticos, por el que atraviesa Bolivia, en momentos en el que el sistema de justicia y el orden estatal se ven ensombrecidos por visiones y percepciones de injusticia como las que refleja la población en este trabajo, el desafío consistirá igualmente en la conquista de una legitimidad renovada para los órganos de protección y de justicia, y el Estado en general.
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