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Inseguridad Ciudadana
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CAPITULO III
LA VIOLENCIA Y SUS ALTERNATIVAS ENTRE LA POBLACION


“No podemos esperar eternamente que las autoridades hagan algo por nuestros hijos… sino nosotros… que la gente se empodere realmente… Tienen que tener la capacidad de decir: ‘Esto necesitamos para nuestros hijos, esto queremos’”.
- Testimonio de una educadora de Valle Hermoso –

Las percepciones recogidas en los capítulos anteriores identifican un conjunto de factores que influyen de manera determinante en la calidad de vida de los pobladores de una parte de los barrios periurbanos de Cochabamba. También revelan que prevalece, entre la población de dichos barrios, un estado de ánimo sombrío. Abundan las percepciones de inseguridad tanto económica como física, vinculadas a sentimientos de abandono, ineficacia, prepotencia, corrupción y discriminación por parte de representantes estatales, y a sensaciones de temor ante el aparato policial y judicial.


Los testimonios describen la indignación y la cólera que estas situaciones están suscitando en la población: “Poco a poco la gente se está dando cuenta... estamos con una rabia....yo no sé como acabará esto pero... da rabia tanta injusticia... yo no sé estos que llegan al gobierno... ¿cómo no pueden acordarse dónde han nacido?... ¿no pueden ver cómo otra gente está sufriendo?, porqué hay tanta matanza, tanta miseria... en otros lugares no hay agua ni siquiera para que se laven…”

Del conjunto de problemas sociales, inseguridades e incertidumbres, surge un sentimiento de pesimismo y fatalismo, expresando la impotencia que algunos vecinos sienten en cuanto a efectuar cambios que mejoren sus condiciones de vida: “…ha sido así desde niño y sigue siendo así hasta ahora, no, no va a cambiar.”... “…me parece que nosotros estamos con las manos atadas, no podemos hacer nada, no estamos en el poder, los que están en el poder sí pueden hacer y deshacer..., pero una sociedad no puede hacer nada porque no tiene el poder, no tiene el poder político, no tiene el poder económico, entonces si uno reclama es en vano”…“Hay una apatía, y ¿de dónde sale esa apatía? del hecho de que sabes que estás yendo contra la corriente y que te va a arrastrar. Entonces, dices: -Ya, me cansé.”.
La combinación de cólera e impotencia, es un contexto psicológico ideal para que se desate la violencia, la cual en determinadas circunstancias puede trágicamente devenir en intentos o en actos de linchamiento: “Claro, la ira también es demasiada, la sociedad... con tantas cosas que pasan, no hay justicia, las autoridades también no hacen nada, entonces ¿qué hacen?, le agarran, lo linchan, sin querer queriendo muchas veces”.
Sin embargo, también hay pobladores que se expresan en forma más optimista, planteando soluciones a partir del potencial de la comunidad para organizarse. Algunos se imaginan el futuro con un barrio mejor protegido, sobre la base de una comunidad más unida. “Tenemos que encontrar también algún medio donde los vecinos se organicen y ellos mismos sean los partícipes de cómo cuidar la propiedad del otro vecino.” Diversos testimonios exhiben una disposición activa por la búsqueda de condiciones que eliminen las salidas violentas a los problemas de inseguridad. Este capítulo aborda las diversas respuestas y sugerencias de los propios vecinos, así como sus experiencias al buscar alternativas para vivir con más seguridad y justicia.


Propuestas desde los barrios

Al comentar los múltiples ‘planes de Seguridad Ciudadana’ que han sido presentados por los representantes del Estado (el periódico Opinión menciona 14 planes implementados en los últimos 26 años de democracia en Bolivia)27 hay unanimidad entre los entrevistados respecto al criterio de que éstos no han logrado resolver los problemas de inseguridad de la población de los barrios periurbanos: “El Estado se va a ir a los efectos, y los efectos le hacen plantear esas propuestas”.

Ante realidades como ésta, una primera sugerencia, varias veces repetida, parte la necesidad de lograr ciertos cambios para lograr entornos sociales, vecinales, familiares e institucionales más estables y menos propicios a la adopción de medidas violentas como respuesta ante la inseguridad: “Creo que la esencia... ahí todos creo que están de acuerdo... que la esencia de la inseguridad ciudadana está en la crisis de valores a todo nivel, en toda la estructura.”

A nivel de las familias, algunas reflexiones destacan el valor de un clima familiar saludable y desprovisto de violencia: “Lamentablemente, todavía hay muchas mujeres que aceptan vivir ultrajadas, manoseadas, menospreciadas”…, y también: “Si demostramos que queremos hacer las cosas buenas, los niños van a seguir nuestro ejemplo”. La comunicación y el diálogo surgen como la clave de la estabilidad en el hogar, lo que plantea la necesidad de formar a los padres en temas de comunicación intrafamiliar: “Entonces ya va viendo la gente también el conversar y bueno, pues, esa es la mejor manera de sobrellevar todos los problemas”… “Hay detalles que tendríamos que ver y analizar e informar para que los padres y las madres tomen un poco de conciencia de cómo se puede perder a los hijos si no les damos el tiempo, el cariño, el amor”. Respecto al rol que debería asumir el barrio en la solución de problemas familiares, es notable el poco respaldo que existe a la afirmación de algún dirigente sobre la necesidad de intervención de parte de los vecinos en este tipo de conflictos. Por lo general existe una tendencia a no querer inmiscuirse demasiado en lo que se considera ‘asuntos internos de cada familia’, confirmando así una marcada separación entre los espacios comunales y los privados: “Tiene que ser una cosa muy fuerte para que nos metamos”.
Por otra parte, hay testimonios que revelan que algunos dirigentes se comprometen vivamente en la solución de los conflictos del barrio, buscando tomar contacto con las familias. El relato de una cocinera del barrio Villa Venezuela ilustra esto. Siendo dirigente, ella asumió un rol activo en el manejo de los problemas de inseguridad como es el caso de un intento de robo que se produjo en su barrio: “es preciso hacer seguimiento..., lo que hicimos fue ver dónde vivía [el acusado de un robo], quién era su mamá, quién era su papá, los buscamos.., su mamá dijo que su pariente era un coronel.., con eso quiso hacernos asustar. Fuimos unas cinco personas a la Policía a sentar denuncia..., ahí expusimos la situación y por último, cuando la señora vio que las cosas estaban yéndose por el otro lado, nos dijo: -Vamos a ver, ya sé dónde viven [Ustedes], y al ver que nos amenazó, lo que nosotros pedimos fue garantías, y ella firmó un libro de actas, y también pedimos unas cuatro personas que le garanticen a ella para que cumpla ese compromiso… Ahí quedó”. Sobre casos como éste, esta dirigente concluyó: “Son cosas que debieran comentarse, a nivel de vecinos, sin nombres”.
Asimismo, abundan las propuestas dirigidas a lograr una mayor toma de conciencia colectiva respecto a la necesidad de asumir medidas en favor del espacio comunitario: ‘Las chicherías… deberían estar vigiladas por los responsables de las Casas Comunales’. Se reclaman espacios verdes públicos: ‘escuelas de deportes, de arte y tantas otras cosas’. Por su parte, los más jóvenes exigen que se les asignen espacios propios y que éstos les sean respetados: “Si les quitan este espacio de reunión, de baile28, entonces ellos ¿a qué se van a dedicar?, van a hacer otra cosa.”.
De las muchas críticas de los entrevistados dirigidas a los niveles del Estado boliviano surge también la exigencia de ser incluidos en la definición de las políticas: “Se trata [de] que todos compartamos la responsabilidad de conducir un Estado”…“Desgraciadamente nosotros los de abajo no hemos aprendido a hacer incidencia para, de alguna manera, repercutir en la toma de decisiones”.
Con respecto a las políticas de seguridad, los entrevistados plantean formas diversas de defenderse frente al delito: “…implementar políticas sociales que puedan defendernos de esta masa de delincuencia”. La mayoría piensa que para comenzar se necesitaría “endurecer las leyes”, e imponer castigos más efectivos a los autores del delito: “Hacerles trabajar hasta que tengan que estar bien rehabilitados”. Sin embargo un grupo de dirigentes de Vinto destaca que el tema de la seguridad también conlleva un problema de ideologización: “De todos los países de América Latina el país que menos incidencia de violencia ha tenido siempre ha sido Bolivia. Y de repente han hecho cultura de la violencia… Ahora todos somos sospechosos de ser terroristas.”
Es generalizada la demanda de transparencia en el funcionamiento de los aparatos estatales, en particular de la Policía: “Como población no conocemos lo que pasa con la Policía…, por eso no hay un conocimiento claro de cómo se está haciendo esa reforma”…“Que la Policía y la Justicia cumplan su labor es parte de nuestra responsabilidad.”. Como fruto de esta transparencia se abriría el camino a imponer sanciones a los funcionarios policiales y judiciales en casos de incumplimiento y corrupción. “Los policías deberían tener castigos drásticos [y] también los abogados [y] los jueces”. Al respecto, se sugiere el funcionamiento de instancias de intermediación entre la población y los representantes del Estado: “En nuestro medio, la seguridad… la gente ignora, necesita mucha orientación… no conoce las leyes, los artículos, en realidad pienso que uno para declarar de testigo tiene miedo, no puede decir: -esta cosa era así, así, todo…, silencio. Por lo tanto necesitamos una organización, a la cabeza de los entendidos en las leyes, en las leyes civiles, en las leyes penales, que haya una oficina de quejas, por lo menos cada fin de semana”.
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27 “Los planes de seguridad ciudadana”, Gustavo Guzmán Arnez, Opinión 23 de Noviembre 2005.
28 Referencia de un grupo de jóvenes de Colcapirhua al espacio libre que era ocupado por ellos en las noches para prácticas de baile.


Dificultades en el camino hacia las soluciones

Un inventario de las acciones comentadas por los entrevistados demuestra que de ninguna manera la población quiere esperar con pasividad que el Estado les resuelva los problemas de inseguridad. Algunos incluso perciben que ellos mismos tienen cierto grado de responsabilidad en las falencias de los órganos de protección estatal: “Nosotros los vecinos dejamos que [la investigación formal del delito] muera ahí… Otros asumen igualmente la necesidad de organizarse para protegerse: “Tenemos los teléfonos para cualquier cosa que pase. Y también tenemos dos alarmas, una más abajo y otra aquí a media cuadra, hay un botoncito que se toca, suena la alarma e inmediatamente tienen que salir todos.”

Sin embargo, en sus esfuerzos para mejorar las condiciones de seguridad del barrio varios de los entrevistados expresan haber experimentado obstáculos, algunos de ellos emblemáticos. Tal es el caso de las chicherías y su posible relación con la inseguridad de la zona donde éstas se ubiquen (ver el capítulo anterior). Para muchos de los entrevistados, las chicherías son los puntos por excelencia donde se conforman y reúnen las pandillas, las cuales serían, según su percepción, responsables de los asaltos y la violencia en sus barrios. Una de las entrevistadas comenta cómo, en los últimos años, las chicherías de Villa Venezuela se han convertido también en prostíbulos. Según una educadora de Valle Hermoso, una de las razones de la visible lenidad de parte de las autoridades en relación con aquellas chicherías que han sido escenario de conflictos, está referida a los lazos de amistad que se tejen entre vecinos y que confabulan contra su cierre: “mucha gente del barrio trabaja en estos locales..., y muchos de los dueños han apadrinado a la gente del barrio.., entonces cuando hacemos un reclamo no nos salta solamente el dueño del local sino los vecinos más... Hay una complicidad increíble entre el Municipio, ellos y la Policía..., casos de violación, casos donde ha muerto la gente, no pueden salir publicados en ninguna parte”.
Lazos de amistad, de parentesco, o entre compadres, parecen aquí conjurar en contra de acciones encaminadas a brindar mejores condiciones de seguridad al barrio. Otra de las iniciativas que algunos entrevistados vinculan con este tipo de dificultades es la llamada “vigilancia comunitaria”, instrumento impulsado a partir del año 2001 con el respaldo de la Alcaldía de Cochabamba. Este instrumento facultaba a la Organización Territorial de Base (OTB) la posibilidad de solicitar fondos municipales para contratar el servicio de vigilantes diurnos y/o nocturnos, reclutados entre los propios vecinos. Aunque el proyecto nunca fue cerrado públicamente, conocemos de pocos grupos de vigilantes que hayan funcionado más de un par de semanas. Entre los comentarios críticos a esta experiencia, destacan las quejas sobre preferencias otorgadas a parientes o amigos en la contratación de los vigilantes: “¿Qué hacía el dirigente? Metía a su señora, a su hijo, a su sobrino… han creado nepotismo. Eso es lo que no le ha gustado a la población… y eso que ni siquiera cumplían con lo que debían rondar”. De acuerdo con lo expresado en las charlas, estos pobladores nunca se adueñaron de la referida iniciativa de vigilancia comunitaria. Sin embargo, han existido y siguen existiendo, en algunos lugares y de manera aislada, experiencias con sistemas de vigilancia propios. Es el caso de Sebastián Pagador, donde en el pasado se solía organizar rondas nocturnas entre los vecinos quienes con la ayuda de pitos anunciaban cualquier presencia sospechosa. Los vecinos entrevistados atribuyen la desaparición de este mecanismo a la fragmentación de los lazos comunales, que registramos en el capítulo anterior: el vertiginoso crecimiento del barrio en estos últimos 20 años y la disolución de un espíritu colectivo creado en torno a liderazgos legítimos, como los que, se dice, existían en los primeros días del barrio: “Ya no es [como los] dirigentes tradicionales de antes. [Dirigentes…] que querían conducir al barrio hacia [fines] unidos. Hemos sido dirigentes tradicionales por que nosotros hemos fundado el barrio con todo el ánimo de progresar, todo el ánimo que haiga alguna cosa [especial].”29.
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29 Esta cita viene de un estudio anterior de uno de los miembros del equipo de investigación (Goldstein, 2004: 104).


La Seguridad Privada: una solución parcial

El vacío resultante de la ausencia de respuestas estatales y/o colectivas a las preocupaciones de inseguridad catalizó la oferta de los servicios de empresas de ‘Seguridad Privada’. De acuerdo con datos de la Policía Departamental recogidos mediante entrevistas realizadas en noviembre de 2005, las empresas formalmente registradas suman a 51, mientras que otro número desconocido opera sin contar con la autorización formal de las autoridades.
Existe una gran variedad en la calidad y el precio de los servicios ofertados. Los conflictos entre funcionarios de la Policía y el personal de algunas de estas empresas, como también la actuación violenta de estos últimos en los espacios públicos donde operan, han generado en los últimos años un debate inconcluso que reclama la necesidad de un mayor control administrativo sobre este sector. Con este motivo, el Estado elaboró una normativa que establece una serie de requisitos a ser cumplidos cabalmente por las empresas que quieran seguir contando con la autorización legal para operar. Sin embargo, pese a la existencia, en cada departamento del país, de unidades especiales de la Policía Nacional encargadas de supervisar el funcionamiento de las empresas de seguridad privada sobre la base de la normativa existente, se advierte en la práctica un tortuoso camino cuyo análisis sería importante en futuras investigaciones sobre inseguridad.
De todas maneras, la introducción de los servicios de Seguridad Privada en muchos barrios residenciales y populares de la ciudad, pareciera haber sido un proceso caótico librado en buena parte a las leyes del libre mercado. Las experiencias de los pobladores entrevistados son muy diversas, en un escenario donde empresas más o menos estables siguen compitiendo para preservar y/o ampliar sus espacios en un mercado que sigue en expansión. Como regla parece prevalecer el precio del servicio al cliente como criterio para definir la contratación de determinada empresa, aunque la inversión en la calidad del personal que brindará seguridad es generalmente inexistente. Pese a ello, varios de los entrevistados expresan un alivio en la situación de inseguridad de su vecindario: “Con lo que han puesta esa seguridad que hay ahora, [la delincuencia] ya no es tanto”… “Por eso tenemos seguridad toda la noche, para dormir tranquilos”. En comparación con la Policía, la presencia de una vigilancia privada inspira en algunas personas un relativo grado de confianza: “…dentro de media hora la misma persona que ha robado ya está andando por ahí..., pero los seguridades no permiten eso”.

Sin embargo, hay opiniones y experiencias de los vecinos que ven a los guardias de seguridad privada como una fuente de inseguridad: “Ha habido un caso por allá, donde los mismos guardias de seguridad privada han sido los que espiaban la casa y les informaban a otros para que entren”… “Son los delincuentes que se han organizado y han puesto su seguridad privada, y si no le pagas bien entonces empiezan a robar”… “Un tipo me ha robado, era casi mi amigo y de la casa me ha robado todo… y después resulta que había estado trabajando de seguridad allí en la zona norte”. Varios testimonios revelan también una conciencia sobre las limitaciones de la actual oferta de vigilancia privada. Por un lado, se cuestiona el tipo de servicios brindados y la conducta de algunos de sus guardias: “En la Cancha [el mercado], la gente del campo con su baldecito está caminando, dice: -Regálame…, El de seguridad privada lo ve y dice: -Usted no debe hacerlo, y lo saca a puro codazos, ¿eso es seguridad?”… “A veces no se sabe si son siquiera... seguridad o inseguridad mas bien, porque no se conoce muy bien, hay gente que entra que... ni siquiera modales tienen algunos.”. En ese marco, varios entrevistados identifican a los agentes de seguridad privada como fuente de agresión: “Varias veces en la Cancha yo he visto que la seguridad privada... por eso he tenido varios choques ya con ellos... que el trato físico a la gente... a uno que está mareado, que está pasando, igual lo agarran del cuello y a patadas lo están botando al otro lado y también igualito al otro lado... y al final, ¿dónde va a parar?, porque está la seguridad privada… por aquí, por allá, por todos lados le van a patear, y ¿hasta dónde se va a ir entonces…?”.
También hay dudas sobre la eficiencia de la actuación de los agentes de Seguridad Privada: “Querían matar a un muchacho de seguridad privada… la gente se ha asustado, se ha metido en sus casas y no ha querido salir”. A modo de solución, se plantea la necesidad de una mayor preparación del personal: “falta que les den apoyo, clases de capacitación, cómo defenderse”. Uno de los entrevistados opina que la seguridad privada tendría que estar en manos de militares y policías, “porque ellos ya tienen algo de base sobre esto”.30 Los mismos integrantes de una empresa de seguridad privada, a quienes se entrevistó, se sienten desprotegidos debido a la falta de una normativa adecuada: “¿Qué ventajas tenemos nosotros? ¿Hay una ley que nos proteja?”, y reclaman mayores derechos laborales.

Finalmente, hay escepticismo sobre el alcance real de este mecanismo: “Esas cosas se han solucionado en la Cancha…, [gracias a la intervención de estas empresas, pero] en los barrios..., por todos los lugares alejaditos ya van a robar, ¿no?”. Y es verdad que, luego de un primer auge más generalizado de estos servicios, una buena parte de las empresas prestan sus servicios en los sectores más acomodados, eludiendo los sectores peri-urbanos. De ahí la sensación de que su presencia en esos espacios ha provocado migraciones en el campo de acción delictiva hacia los barrios peri-urbanos, por ser los espacios menos vigilados.
En todo caso, existe también una demanda de servicios de seguridad, en algunos sectores de los barrios periurbanos, demanda a la que parece responder una categoría de pequeñas empresas que ofrece sus servicios a la medida de las limitadas capacidades económicas de dichas zonas (un Boliviano por día, por familia), al parecer con mayores deficiencias que las arriba anotadas.
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30 En los hechos, la mayoría de las empresas de seguridad privada que operan en Cochabamba, está siendo dirigida por oficiales en retiro de la Policía o de las Fuerzas Armadas.


El linchamiento como respuesta de emergencia

En un panorama como el descrito, la combinación de temor frente al delito, y de frustración e impotencia por los fallidos intentos de hacer algo al respecto, parece convertir la furia en un imperativo de acción, y canalizarse en muchos casos por la vía más rápida: la denominada supresión del ‘mal’, encarnado en el supuesto delincuente: “Y el pueblo es un empute, ¿no? Va a tener que matarles, lincharles… manos propias hay que utilizar”… “La rabia les hace hacer eso.”…“Yo también tengo esa actitud de linchar, porque no veo la otra.”

Para algunos, la muerte del denominado ‘delincuente’ es vista casi como una necesidad: “Tiene esa idea siempre la gente, solamente así vamos a acabar… agarrando de diez en diez a éstos… y están borrachos, porque ahí están indefensos, porque si están sanos ¿cómo se les va a agarrar si caminan en tojpa31?... Entonces eso es lo que dice la gente: -Hay que agarrar. La Policía nunca va a acabar con ellos-, dicen, -nosotros tenemos que acabar con ellos, porque va a haber un momento-, dice la gente, -que más va a haber lo malo que lo bueno. Hoy todavía más es lo bueno que lo malo, entonces podemos agarrar a lo malo... Si esto va a seguir creciendo entonces lo malo va a acabar con lo bueno”. Alguien relata cómo incluso ciertos policías comparten criterios similares: “Entonces, fui a la Policía, y lo entregamos a la Policía, y en esa ocasión los policías al ver a ese señor dijeron: ‘¿Y por qué no lo mataron? Nosotros con éste ya no podemos hacer nada, es el colmo. ¿Para qué se mete señora?’, me dijeron, ‘debía dejar que lo quemen de una vez porque sí es bien conocido’.”

Algunos entrevistados destacan el carácter impulsivo de los linchamientos: “Aquí hacen por rabia… están bien enfurecidos y lo hacen en esa forma… sin pensar”. Sin embargo, la realidad subyacente parece ser mucho más compleja. Hay testimonios que indican que los linchamientos presenciados, aunque se iniciaron al calor del momento, demoraron horas y hasta un día entero en consumarse, prolongando y aumentando el martirio para las víctimas. Es común que en alguna etapa de este proceso se utilice gasolina y fuego para quemar, en vida o ya muerta, a la persona a quien se considera delincuente. Una de las explicaciones que se dan sobre los linchamientos, y la crueldad con que son llevados a cabo, hace referencia a la percepción de los vecinos de protegerse contra las represalias que podría tomar el presunto delincuente contra el barrio, y el temor de la población de volver a ser víctima de un delito en el futuro: “La gente puede decir: -Mejor lo matamos, para que no se vengue”… “ Es por eso el linchamiento, pues porque siempre andan amenazando, o vuelven al mismo lugar y hacen más fechorías”.
Para algunos no hay duda de que el linchamiento es la única alternativa posible. Entre los justificativos de los actos de linchamiento, el más común es la impotencia para cambiar algo por otros medios. Algún vecino expresó igualmente la necesidad de una suerte de ‘retribución’ o pago, que el autor de un delito debe hacer por el mal que ha producido, y que la comunidad está en el derecho de ‘cobrar’: “Creo que nadie puede hacer daño al otro ¿no? Matar, hacer linchamiento. [Pero] si se hace, bueno…, [el autor del delito] ha hecho otro daño también. Entonces, tiene que nomás pagar”. Otros expresan la esperanza de que el linchamiento pueda frenar el delito: “La gente piensa que linchando a esos ladrones, a esos violadores, que así van a parar un poco”… “Aquí en Villa Pagador se han hecho respetar con los ladrones porque los queman”.
Debido a la frecuencia con que este tipo de razonamiento ha sido expuesto en las charlas realizadas, intuimos que el mismo podría estar bastante enraizado en la conciencia colectiva de la población de más de un barrio periurbano: “Hay un grupo de chiquillos, donde mi casa… hemos amenazado: -Aquí nosotros vamos a colgarles, vamos a atizarles, cenizas vamos a hacer; de ahí se han perdido”… “Alguna vez hemos hablado [las mujeres] en el barrio… nos vestiríamos de hombres, bajaríamos día viernes, sábado, domingo, por esas chicherías que hay… los agarraríamos a estos y de canto los quemaríamos”.
En este último relato se puede advertir una sutil referencia al posible rol protagónico que en estos actos estarían asumiendo las mujeres de algunos barrios. Un testimonio de Villa Sebastián Pagador corrobora esta posibilidad, identificando a las mujeres como autoras principales de los linchamientos de su barrio: “A eso de las diez, once de la mañana, están las mujeres, los niños también están… son los proveedores de piedras los niños”.

Otras referencias señalan la presencia de un factor cultural en la ocurrencia de estas acciones: “Allá en Primero de Mayo… son de Achacachi32, si vas a Achacachi de noche no pasas, te matan y te comen”… “Los de Villa Pagador tienen esa reacción… bien bruta porque son mineros, son aymaras”. La posible existencia de factores culturales como parte del linchamiento sale igualmente a relucir, en las varias menciones hechas a un supuesto vínculo entre el linchamiento y la llamada Justicia Comunitaria33: “Esto del linchamiento es una tradición..., antes no había policías, entonces ellos han buscado una manera de cómo enseñar, de cómo hacer escarmentar…, ha sido el linchamiento”… “Si aplicaríamos el ama llulla, ama sua, ama khella [no mentir, no robar, no ser flojo], todo empezaría a caminar bien”.
No existe, sin embargo, evidencia alguna de la existencia en los barrios periurbanos de sistemas de Justicia Comunitaria, los que en principio se definen como auténticos sistemas de derecho. Por otra parte, el hecho de que el nuevo Código de Procedimiento Penal haya reconocido legalmente la existencia de estos sistemas en las comunidades indígenas y campesinas, ha dado lugar a algunas confusiones sobre sus ámbitos de aplicación, y sus significados. El siguiente testimonio, que busca dar al linchamiento un halo de legitimidad evocando el nuevo Código, es prueba de esa confusión: “El Código de Procedimiento Penal dice que está autorizada la justicia comunitaria. Si no llega la justicia tendríamos que aplicar la justicia de esas leyes comunitarias. O sea, desaparecerles, colgarles”.34

Un tema que merece un análisis más exhaustivo es el posible rol de los líderes de la comunidad. Una dirigente comenta: “En algún momento han querido lincharlos y a quien le quieren dar la decisión es al dirigente del barrio”. Ella intervino en tres ocasiones logrando revertir la situación a tiempo: “mucho depende de cuánto te conocen y cómo los has tratado siempre. Ahí sí puedes parar una turba, cuando te conocen de ser muy respetuosa, de que sí respetas la vida y a ellos, a cada uno también”.
El liderazgo que ejercen los dirigentes puede, por tanto, ser decisivo a la hora de aplacar los ánimos de la población. El ascendiente logrado por el dirigente, y su rol moderador, pueden erigirse en una valla de contención contra el maltrato y la tentativa de linchamiento de los presuntos delincuentes. Por otro lado, dichos linchamientos pueden verse aún más injustos si se aplican contra personas inocentes, lo que de acuerdo con los informes de prensa parece suceder con alguna frecuencia. La presunción de inocencia no parece ser un principio muy presente en los ánimos de la gente, según corrobora el siguiente testimonio: “Una vez el año pasado ha pasado con mi cuñado... Con sus amigos había entrado a una chichería a tomar... han dejado su bicicleta a un rinconcito... como aquí... y con la persona que iba mi cuñado, esa persona había robado una bicicleta, entonces... de la chichería se había alejado pues el joven... y cuando ha ido a ver... o sea, era en un cerro, ¿no? Entonces había mirado y dice que su amigo se estaba bajando con bicicleta... Y los que se han hecho robar han dicho: -Mira, él estaba con esa persona. El es su cómplice. Así, le habían agarrado a mi cuñado, le habían pegado. -Le vamos a atizar, le vamos a matar. Ahí donde van a castigar a los maleantes... ahí le habían llevado. A las diez, once de la mañana era. Entonces se había rogado mi cuñado: -Por favor, tengo tantos hijos, no me hagan eso, yo no he sido, yo les llevo a tal lugar. Y el dueño de la bicicleta: -No, mátenle, mátenle, él me ha robado. Es su cómplice, diciendo. Entonces se había rogado. Dice que harta gente se había reunido. -Yo soy inocente, no he sido, pero con la persona que estaba yo... yo les puedo llevar hasta el lugar... Pero nada, no entendían. Un cristiano había habido: -Parece que es inocente él, por qué no le escuchamos. Y recién ahí el grupo se había tranquilizado. Y entonces cuando se habían tranquilizado, le habían seguido a la casa, al taller y todo, recién se habían convencido. A las doce de la noche a mi cuñado le han hecho llegar. Así, por poquito se ha salvado. A veces así pasa. Podemos decir que estamos matando al maleante y estamos matando a un inocente.”

Es interesante remarcar al respecto que, si bien algunos expresan remordimiento por equivocaciones como ésta, otros por el contrario dan pruebas de haberse endurecido totalmente ante el dolor ajeno e intentan acudir a argumentos justificatorios, aún en casos de error manifiesto: “Cada vez vas a escuchar que le pegan, le matan o le cuelgan, después vienen y dicen: -Era el mejor alumno de su colegio. Toda la vida quieren hacer sentir culpable a la gente, pero, si era el buen alumno, ¿qué hacía allí?”.
En conclusión, los testimonios revelan percepciones contradictorias en la población respecto a la adopción de medidas colectivas de represión violenta. Por un lado, algunos apoyan claramente su uso, mientras que a otros les incomoda en distintas formas: desde las implicancias éticas -no es bueno matar a otra persona, la persona puede ser inocente-, hasta dudas sobre la real eficacia de este medio para detener los actos delictivos: “ahora… no da resultado creo, porque aquí calma (la delincuencia), pero allá empieza’.

En general, las exploraciones colectivas, en las charlas, de las posibles alternativas de solución frente a la situación de vulnerabilidad de la población de los barrios periurbanos, muestran, ante todo, demandas de necesidades estructurales insatisfechas, escepticismo sobre la eficacia de medidas ya experimentadas, y grandes dudas sobre las futuras condiciones de seguridad ciudadana: “Hay mucha gente que… con qué sacrificio, privándose de tantas cosas… por lo menos de comprarse un calzado, ahorra y se compra un refrigerador, un televisor. ¿Para que?... Para que el ladrón entre y se lo lleve."
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31 Tojpa: grupo de personas
32 Achacachi es una comunidad rural al norte de la ciudad de La Paz, conocida por los raíces culturales aymara de su población.
33 La Justicia Comunitaria hace referencia a los sistemas de justicia comunal que rigen en las comunidades campesinas e indígenas del país, bajo cuyo régimen éstas administran justicia entre sus miembros, en virtud de las normas, valores y costumbres del grupo.
34 Citamos del Código de Procedimiento Penal: “Artículo 28º.- (Justicia Comunitaria). Se extinguirá la acción penal cuando el delito o la falta se cometa dentro de una comunidad indígena y campesina por uno de sus miembros en contra de otro y sus autoridades naturales hayan resuelto el conflicto conforme a su Derecho Consuetudinario Indígena, siempre que dicha resolución no sea contraria a los derechos fundamentales y garantías de las personas establecidos por la Constitución Política del Estado.”
 
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