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Inseguridad Ciudadana
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CAPITULO II

LOS FACTORES POLÍTICO-LEGALES


“Lo primero que piden en la PTJ9 es dinero… cien bolivianos para comenzar la investigación. Ahora, cuando la gente pobre dice que no tiene plata, no solamente le piden plata sino le dicen: ‘Tráemelo garrafas’ [de gas licuado], o: ‘Tráemelo cemento’… ”.
- Testimonio de una tejedora –

Una de las primeras funciones estatales es, sin duda, la protección y defensa de sus ciudadanos contra actos definidos como delictivos. Es misión del Estado boliviano garantizar a la sociedad boliviana, en todas sus categorías y grupos sociales, una convivencia libre de los sobresaltos de la llamada delincuencia. Para esto debe poner en funcionamiento a los órganos de protección, control y justicia previstos por su sistema legal. En ese orden, a fin de entender la lógica que subyace a las percepciones de la gente en materia de seguridad, resulta igualmente imprescindible reflejar las visiones y opiniones que éstas tienen respecto al funcionamiento de estos órganos en el cumplimiento de dichos roles, sus normas, y los sentimientos de justicia o injusticia que este orden estatal legal y sus agentes, secretan. Se trata, en suma, de las percepciones acerca de los factores político-estatales envueltos en el problema de la inseguridad ciudadana.
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9 PTJ: Policía Técnica Judicial, la unidad de la Policía Nacional que formalmente realiza, bajo dirección del Ministerio Público, la investigación de todo delito denunciado (salvo los delitos de régimen especial, como por ejemplo los relacionados a sustancias controladas). Desde este año, dicha entidad de investigación se denomina Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen.


La Policía: entre ineficiencia, desidia y corrupción

Uno de los aspectos que resalta más en las charlas realizadas es la conciencia que tienen estos pobladores de la poca presencia policial y la ineficiencia de los medios policiales, en sus roles de protección al ciudadano: “La Policía nunca llega cuando se llama”...“Aquí en el cruce de la Taquiña hay un puesto de Policía. Es un puesto grandecito. Pero de nada te sirve porque tú llamas y no vienen, tal como me ha pasado a mí. Son tres veces que he llamado. Una vez a la Brigada de Protección a la Familia10, otra vez al 11011 y otra a la Policía12. En ninguno de los tres casos he sido atendida... porque no tienen gasolina, no tienen personal o no tienen movilidad.13. O, en el caso de... por ejemplo, cuando se entró el ladrón a la casa de mis padres... se ha sacado cosas... un poco más y me dicen que lo lleve al ladrón… Así que, si se te pierde algo... tienes que buscar vos, tienes que hacer las cosas... porque ellos no te las van a hacer…”.


En muchos casos, los vecinos optan por no recurrir a la Policía porque denunciar se considera “una pérdida de tiempo”. Y aún haciéndose efectiva la denuncia, la Policía a menudo no acude al llamado: “Una vez yo he llamado a la Brigada de Protección de la Familia... sí, porque mis hijos correteaban desesperados: La va a matar, mami, ¡la va a matar! Porque ella gritaba terriblemente. Pero ni así vienen...”. La desidia policial, sin duda, es uno de los rasgos con que se describe la labor de la Policía: “A los policías no les importa nada... no hay ni competencia ni capacidad en el policía de hoy en día”… “Hacen una pasada nomás, van, vienen, y en el momento en que se los necesita no están”.
Refiriéndose a una pelea familiar, alguien comenta la respuesta de un agente de la Brigada de Protección a la Familia ante su demanda de auxilio: “No. No podemos ir porque no tenemos combustible, si empeoran las cosas vuélvanos a llamar. Y, ¿para qué vas a llamar? Lo único que puedes hacer es salir hacia este otro lado y no escuchar....o poner el volumen alto y no escuchar...hasta que se maten...”. Esta desidia e inoperancia se conjuga además con la corrupción policial y judicial, varias veces señalada: “Eso de hacer la denuncia es algo paliativo, porque al final el que tiene plata mueve las cosas, el que no tiene plata no mueve nada... es la realidad. Para investigar los policías piden dinero, cuando hay dinero investigan, cuando no hay dinero no investigan.”

En las calles de Cochabamba es común escuchar una versión más cruda: “Los policías son cómplices de los ladrones.”. Esta mirada particular a la corrupción se repite varias veces en las charlas: “Entonces habían estado un grupo de policías y un grupo de delincuentes, y sacaba de cada delincuente… cuánto sacaba, cuánto robaba, y luego con la Policía se han dividido en partes iguales. ¿Qué estaban haciendo ahí? Entonces estaban fomentando el negocio de los cleferos. Entonces a mí me parece que su sueldo era por demás. Como ganaban poco, el sueldo de la Policía entonces era el que le pagaban los cleferos, ¿no?”. Es más, a menudo se generaliza la complicidad de todo el aparato policial con el crimen: ‘La Policía, como los ladrones son..., son cómplices’.. ‘jefes de altos mandos están inmersos en la delincuencia’.
Si bien la mayoría de los testimonios aluden a la apatía y corrupción policial en tono acusatorio, algunos no olvidan tampoco la falta de medios y recursos que sufre la Policía, y atenúan las responsabilidades propiamente policiales: “Ese policía que está destinado ahora en esta comisaría, tiene que autofinanciarse para el desayuno, para el almuerzo y para la cena”. Un joven opina: “Al fin y al cabo, la Policía.... ¿quienes son de la Policía? Son gente humilde que está ahí trabajando, al fin y al cabo reciben quinientos o seiscientos Bolivianos mensuales, pero al final terminan siendo los escudos del Estado… para mantenerse lo que tienen que hacer es recibir coimas de los cleferos también…”. Además de la ineficiencia y la corrupción, pesa sobre la Policía el estigma de la discriminación social y racial. El trato diferenciado con el que la Policía somete a la población según sus orígenes sociales y étnicos, condescendiente con las denominadas clases altas, y duro o displicente con las populares y campesinas, es otro motivo de descrédito. Se advierte una fuerte sensación en la población entrevistada de que el color de la piel y la posición económica son la medida con que la Policía y los órganos de la Justicia valoran las responsabilidades penales: “En ninguna comisaría que uno vaya ahorita hay un chico rubio. No va a ser detenido porque tiene plata y también auto”. Según esta percepción, la conducta policial se guía por estándares diferenciados según el barrio: “Si tú estás en la zona norte no te van a molestar, peor si estás en el Prado, claro, ahí los jóvenes son de clase alta, o sea son gente que tiene dinero y poder… pero a ver… que vayan a la zona sud, claro, en la zona sud el policía puede sacarlos a patadas, ahí todos son maleantes”. “En la zona norte todos son ´gente`14...” dirá otro, en tono irónico.

La mayoría de los testimonios asocia la discriminación racial y sexual con los abusos y malos tratos que reciben: “Y los policías son más ignorantes a veces. No sé si estudian para ser policías o entran así por entrar nomás. Porque vas a poner una denuncia y lo primero es que te gritonean, estás queriendo hablar y te hacen callar, y primero escuchan a la persona que realmente ha cometido delito, y si la otra persona quiere defenderse: usted, cállese...”.
Una anécdota referida a una anciana del campo que solo hablaba quechua, quien fue víctima de un robo, ilustra esta falta de respeto: “una ladrona le había robado su bultito, su aguayo15 con dinero y no tenía un centavo, no tenía dónde ir, estaba llorando, y los policías le dicen: -¡Oye, abuela!, ¡Oye, vieja!... No, ¡qué trato..!... Es triste de nuestra Policía. ¿O será que ya está encallecido su trato con las personas... que tratan así... como lo peo, a las personas?” Experiencias de este tipo son mencionadas también por los más jóvenes: “Justo yo era menor de edad... y estábamos yendo, caminando tranquilos y de un culatazo me han metido a la Policía... a la cana. -Si pagan dos bolsas de cemento les suelto, decían, -si no pagan no les suelto. Al otro lo han soltado, él les ha dado casi sesenta bolivianos y lo han soltado. A nosotros no nos han soltado... nos han sonado16 y nos han botado.”.
Pero los testimonios no quedan ahí. Muchos entrevistados dan cuenta del trato abusivo que recibieron de parte de agentes de la Policía en las Comisarías Policiales de su propio barrio, cuando se ven obligados a recurrir a las mismas: “Una vez aquí abajito estaba también con un problema y he visto... la señora estaba llorando, la otra señora había pagado, claro, la multa les habían sacado a las dos por pelear, una señora había pagado, la otra no tenía, se rogaba: -Yo no tengo’ –¡Váyase adentro entonces!... Y ella estaba con dos bebés. -¡Te voy a detener ocho horas!, creo que le ha dicho. Se ha rogado la señora para no le meta ahí adentro. Un lugar oscuro, feo era ahí adentro. -Estoy con mi bebé... ¿cómo voy a entrar?, -¡Adentro con tu bebé...!”

Frente a estas experiencias prevalecen los sentimientos de impotencia: “¿Qué vamos a hacer?... Por el hecho que ellos son policías sienten que pueden hacer todo... En vano les decimos: Nos vamos a ir a quejar. -¡Ah, váyanse a quejar!..... No hay justicia”. Pero desde la impotencia, se plantea la urgente necesidad de hacer que la situación cambie: “En este momento la corrupción está campeando, tanto... que así pongan un policía en cada esquina... imposible, son corruptos. Entonces hay que barrer todo eso, poner sangre nueva, que no esté podrida. Es como tu canasta de frutas... agarras, sacas afuera las frutas podridas y pones fruta nueva... “.
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10 La Brigada de Protección a la Familia es la sección de la Policía Departamental encargada de atender casos de violencia al interior de las unidades familiares.
11 Radiopatrullas 110 es una de las unidades operativas de la Policía Departamental que se encarga de atender las llamadas al número telefónico de emergencias.
12 Se utiliza el término general de “Policía” para hacer referencia a una Comisaría o a cualquier otra unidad u oficina policial.
13 En Bolivia “movilidad” es el término genérico para los medios de transporte motorizados.
14 En el lenguaje popular ser “gente” equivale a ser educado y de “buena” clase. La zona norte de Cochabamba, al ser de clase media y media alta, respondería a esos criterios, en contraste con la zona sur.
15 La palabra bulto o aguayo hace referencia al tejido tradicional con el que las mujeres campesinas envuelven y cargan sobre sus espaldas, víveres, artículos diversos, o a sus bebes.
16 El término “sonar” se utiliza popularmente para decir “golpear”.


Las autoridades judiciales en entredicho
Imágenes similares se desprenden del discurso sobre las autoridades judiciales, empañadas también por la sombra de la corrupción: “Peor sería avanzar hasta los jueces, todo eso, porque son peores corruptos”…“Yo creo que, hablando de los fiscales y los jueces, también están en la corrupción”.

Las vías de acceso a los operadores de la Justicia lucen, además, confusas y lejanas: “Para entrar donde un juez, ¿no se debe pedir audiencia, todo eso? Me parece que es un trámite largo... un proceso parece que es, si no me equivoco...” Alguien dirá igualmente: “Nunca puedes hablar con un juez ni con un fiscal. Al menos la gente dice eso...”. Pero además de inaccesibles, dichas vías solo se consideran abiertas a las solicitudes que cuentan con el suficiente respaldo económico: “Para poder hablar con un juez directamente, hay que tener una cantidad de dinero acumulado porque si no das el soborno que ellos llaman... nunca... para eso, gente de nuestra sociedad, ni el alimento está pudiendo cubrir, peor tener para poder coimearle al licenciado17, para poder hablar con el juez. Para todo es dinero”.
Del conjunto de los testimonios se desprende que una de las raíces de esta problemática es, sin duda, la carencia de información y conocimiento en la población sobre los procedimientos judiciales. Por ejemplo, a nuestra pregunta ¿Qué conoce sobre los jueces ciudadanos18, los fiscales, la PTJ?, alguien responde: “la pobre gente no sabe ni qué es eso. Tal vez sabe por lo menos de algunas leyes... pero hacer una pequeña investigación a [grandes] rasgos... rasgos del problema, no sabe cómo ir donde el fiscal, sacar el informe, cómo es...“. Según otro vecino: “Mucha gente no conoce la PTJ. Llega a la Comisaría y ahí se apaga [la investigación]”.
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17 “Licenciado” se refiere en este testimonio al asesor legal y sus servicios de intermediación
18 La última reforma al Código de Procedimiento Penal introdujo en la legislación boliviana, entre otras figuras legales, la del juez ciudadano.


Las reformas penales ¿de espalda a las victimas de la delincuencia?

Las críticas al desempeño del conjunto de los llamados ‘operadores de la justicia’ (policías, fiscales y jueces) no parecen haber disminuido con la puesta en vigencia de un nuevo sistema de procedimiento penal.19 Mas al contrario, las reformas legales introducidas son severamente criticadas. La normativa legal es percibida como ineficiente y excesivamente indulgente: “Hay más robos porque las leyes no actúan como tienen que actuar”. Y muchos vecinos califican a la referida reforma legal como “a favor de los delincuentes”.

El nuevo Código de Procedimiento Penal establece ciertos requisitos a los operadores de Justicia que éstos a menudo no logran cumplir a cabalidad, como la recopilación y remisión de los elementos de prueba en plazos determinados; de tal forma que los jueces en algunas situaciones se ven obligados a liberar al imputado20 debido a la ausencia de evidencias de su participación en el delito. Esta falta de evidencias se debe, en muchos casos, a la escasez de recursos humanos y materiales para investigar, a la desidia, discrecionalidad e ineficiencia, factores que impiden una eficaz intervención en la indagación y comprobación de los delitos. Es otro de los motivos por los cuales los policías, fiscales y jueces cargan con el rótulo de defensores de criminales: “Una vez aquí la gente al subir el cerro... a tres maleantes han agarrado… llenito estaba... ahí tres maleantes estaban amarrados y la gente ha atizado21 con fuego. Ese rato ha llegado la PTJ, los policías han disparado... grave... grave han disparado... Los maleantes al medio... Defienden a los maleantes... A nosotros no nos defienden”.

En consecuencia, no pocos entrevistados concluyen que los recientes cambios legales tienden a proteger más a los denominados ‘delincuentes’: “...Lo que pasa es que nuestras leyes no están adecuadas a nuestra realidad. Si nosotros vamos a presentar denuncia a cualquier entidad que esté a cargo de esto, al día siguiente ya están fuera...” Apreciaciones de este tipo aparecen en cada entrevista realizada: “No hay justicia para nadie… no tenemos ley... La Ley Blattmann22 [es] para los ladrones...”.
Por otro lado, hay elementos en el discurso que permiten deducir que la reforma reproduce el carácter clasista de la justicia en Bolivia: “Las leyes son como la víbora: pican solamente al descalzo, pero al que tiene botas no le van a picar nunca…”. La actual ley, “… claro, es para los ladrones y para la gente pudiente.”. En muchos casos, estos reclamos van acompañados de una demanda por leyes más ‘duras’: “Porque ven tolerancia actúan así, porque saben que no hay ley. Si habría ley por lo menos respetan. ¿Dónde es, en la India?, a un violador… en la plaza los ponen, les sacan su cosa [genitales] de un hachazo”. Otro vecino observa: “Si le pegamos al ladrón nosotros más bien vamos a estar [en la cárcel]...”.

Una mirada al conjunto de las reflexiones de los entrevistados sugiere que la nueva norma, en cuanto a la protección de los derechos y garantías de los imputados de un delito, transmite a algunos sectores de la población una sensación de desprotección y vulnerabilidad frente al delito. Tal impresión se acompaña del sentimiento de que las diversas organizaciones de derechos humanos se inclinan más a proteger a los autores del delito que a las víctimas: “Los ladrones están más amparados, o sea tienen más protección... los de seguridad privada lo han agarrado a ese [un ladrón], Derechos Humanos lo ha defendido...lo ha defendido..., y yo creo que en ese caso nosotros los de la población estamos desamparados de las autoridades”. Así, desde la perspectiva de varios entrevistados, las organizaciones de derechos humanos, no solo no contribuirían a hacer justicia, sino que de manera paradójica, contribuirían a hacer aún mas injusto el sistema de justicia en Bolivia: “Derechos Humanos viene…, si no hay la parte demandante nadie puede acusar, lo retiran y nuevamente está el malhechor en la calle…”.

En el marco del sistema normativo e institucional, percibido por los entrevistados como no funcional a sus intereses, sin duda el derecho a la defensa es el más cuestionado. De los testimonios de los vecinos se deduce que el sospechoso de haber cometido un delito no debería gozar del derecho a la presunción de inocencia, y menos del derecho a la defensa o al auxilio de un abogado: “La Policía, después de un largo rato, después de que todo ha ocurrido, recién ha llegado, ya le han encontrado medio muerto al delincuente [tras un intento de linchamiento] y le han llevado…, le han pasado al fiscal o al juez, no sé, pero entonces dijeron que inmediatamente el delincuente iba a salir, porque tenía su abogado. Gracias a Dios cuando ya estaban queriendo soltarle le han vuelto a detener de nuevo. Y el tipo no había robado una sola vez, ya tenía varios antecedentes, pero salía porque tenía su abogado. O sea, no hay justicia... nosotros ya tenemos que desconfiar de los abogados”.
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19 El actual Código de Procedimiento Penal fue puesto en aplicación el año 2001.
20 Imputado es la persona a quien se le atribuye la comisión de un delito ante los órganos de administración de Justicia.
21 Es interesante remarcar el frecuente uso del verbo “atizar” en las conversaciones, para sugerir linchamiento por cremación.
22 La denominada Ley Blattmann fue el primer intento normativo por regular algunos de los procedimientos del antiguo régimen penal, garantizando el respeto a algunos derechos del imputado. La Ley Blattmann fue abrogada con la promulgación del Nuevo Código de Procedimiento Penal, sin embargo, es común la confusión entre ambas leyes.


Autoridades estatales y políticas en el banquillo de los acusados

Del sentimiento de desprotección experimentado a causa de las falencias identificadas en los organismos policiales y judiciales o en la norma legal, a la puesta en tela de juicio del rol de las autoridades estatales y dirigentes políticos, no hay más que un paso que los entrevistados franquean con facilidad.
Los entrevistados perciben un gran abismo entre el “nosotros” y “ellos”, es decir, entre la población pobre y las élites del poder político, a las cuales acusan de anteponer intereses personales y de grupo, y de no conocer y comprender las realidades de los barrios peri-urbanos: “… ellos tienen su cúpula, o sea tienen su élite de puro millonarios... desde el dinero no pueden bajar de ahí arriba a ver abajo... tuviera que salir una persona de aquí abajo... llegar arriba para poder decir: Abajo esto pasa, esto, esto…”. Los vecinos evocan la insensibilidad de las autoridades estatales ante los delitos que acechan a los pobres que luchan día a día por su subsistencia: “el gobierno debería fijarse más..., todas las autoridades en sí deberían fijarse en la gente humilde, en la gente que sí gana para el pan de cada día, se preocupa así, pero esa gente somos robados, hay ladrones…, a nuestras casas se entran los días que nosotros estamos buscando el pan del día....”. No se entiende, no se conoce y por lo tanto, no se hace nada, parece sugerir un vecino: “La verdad es que de las autoridades, pocas conocen los barrios peri-urbanos… Sin conocer, ¿qué pueden hacer por nosotros?”

El ensimismamiento del que se acusa a los dirigentes políticos adopta tonos de indecencia cuando el enriquecimiento y la acumulación de poder que persiguen, tiene por base a la corrupción: “....O sea que nos dejan así, al qué me importa, con tal que yo haga llenar mas mi bolsillo y mi caja fuerte... de los demás qué me importa... Esa clase de gente es la que entra al gobierno... todos han sido corruptos”. Expresiones como ésta ponen de manifiesto las ostensibles diferencias socioeconómicas existentes en el país, sobretodo entre las elites políticas y los estratos populares, y los rencores que éstas suscitan: “Nadie ayuda al pobre, entre ellos nomás se miran... por eso yo digo, tanto dinero tiene Goni23, nunca va a acabar de gastar su plata, pero ya le queda poco tiempo de vida, ¿cuántos años siempre va a vivir...?”.
Las críticas a autoridades estatales y políticos sacan igualmente a relucir críticas al funcionamiento estatal en sus diversos sectores. La propia legitimidad y el funcionamiento del Estado son puestos en tela de juicio: “Yo no llego a los hospitales del Estado... porque ahí va uno a hacer el papel de mendigo... o directamente a morir como en el caso de mi abuelo”. El encubrimiento de casos de corrupción, en los que se han visto tantas veces implicados quienes están en el poder, y la impunidad en la que quedan muchos de estos casos, acrecientan el sentimiento de injusticia en la población: “El gobierno, las semejantes dietas que se dan, cómo se aprovechan del mismo terremoto24... esos son los verdaderos delincuentes, y nadie está en la cárcel, se socapan entre ellos…”
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23 Apodo del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, que huyó del país en octubre 2003 tras su intento de suprimir un levantamiento popular con medios violentos.
24 Alusión al escándalo desatado a raíz del desvío de fondos estatales destinados a la ayuda de los damnificados del terremoto ocurrido en 1998 en las localidades de Totora y Aiquile.


Dirigentes locales: en el mismo saco

En el espacio local, también la Alcaldía Municipal y sus funcionarios son cuestionados por los vecinos entrevistados, quienes aluden a su ineficiencia o falta de voluntad para hacer cumplir la ley contribuyendo, de esa manera, al incremento de la sensación de inseguridad.
Entre las críticas, un tema candente es el respaldo que brindarían las autoridades al funcionamiento de muchas chicherías: “La Alcaldía es la que está metida en todas esas cosas... aquí en el Distrito 3..., son los que están con las autorizaciones... yo me he enterado que esas autorizaciones las mantienen porque van y piden atenciones y demás cosas gratuitamente. Entonces a ellos les conviene. Y el rato que no les atiendan bien ese rato les ponen multa. Entonces, es así la forma en que trabajan. Incluso habían habido lenocinios clandestinos, donde ellos son atendidos. Por eso es que permiten que funcionen, ¿no? No sé si tendrán autorizaciones... sé que funcionan clandestinamente.” Hay varias explicaciones sobre la actitud permisiva de la Alcaldía frente a las chicherías: “Dicen que si clausuran las chicherías no les entrarían tantos impuestos como les entran por la chicha. Pero yo no sé si hay comparación entre el gasto público con lo que pagan los de las chicherías, si puede alcanzar a pagar todo ese gasto público, porque de todas maneras todos los problemas que causa también son un gasto público. Entonces... ¿vale la pena?”.
Por otra parte, las observaciones apuntan al efecto corrosivo de la política ejercida por autoridades municipales y dirigentes vecinales sobre los niveles de convivencia interna en los barrios. Existe cierta conciencia entre los vecinos acerca de las redes de clientelismo que se tejen entre autoridades municipales y dirigentes vecinales, con motivo de generar apoyo para las agrupaciones políticas que dirigen el gobierno municipal: “... toda esa gente que va, es agarrada y es registrada después en un libro partidario, donde te dicen, bueno, tienes que ir a esta manifestación, tienes que ir a este apoyo...”. La dinámica que se genera es: apoyo político a cambio de prebendas que benefician a los vecinos adscritos al partido: “... Y ahora peor, se ha corrompido todo el mundo, por aquí, por allá, politiqueros, si quieres tener un buen trabajo tienes que afiliarte a un partido político...”.
El mismo vecino apunta: “...Y seguramente quienes obedecen, esos sí se ven favorecidos con un lote”, refiriéndose a la práctica de algunos dirigentes y funcionarios locales de enriquecerse mediante la fraudulenta venta y legalización de lotes adquiridos en urbanizaciones no aprobadas de manera formal por el municipio. Al respecto, un poblador de Sebastián Pagador comenta: “Han debido ser los años 80-85, cuando la coca estaba en su auge... y los loteadores… a la gente que es humilde… vendían un lote a dos, tres personas. En acuerdo con [la] Alcaldía, con los arquitectos, los mismos dirigentes se prestaban a eso, porque estaban en el poder, entonces todos se encubrían”. En el proceso, dicho barrio también perdió aquellos terrenos destinados a mantenerse como espacios verdes: “ha habido loteadores que se han aprovechado, han empezado a… vender áreas verdes… aquellas áreas verdes se han vuelto chicherías”.
Estos reclamos sacan a relucir otra de las formas en las que se vulnera la seguridad de la población, esta vez con la complicidad de algunos de sus propios dirigentes. Existe menos seguridad jurídica al perturbarse el ejercicio del derecho a la propiedad sobre los bienes inmuebles adquiridos por los vecinos en los barrios. Un antiguo dirigente comenta lo siguiente: “Yo verdaderamente no sé qué pueda hacer, me duele ver esas cosas; seguimos haciendo eso [venta de lotes irregulares], a través de eso se influye automáticamente en la seguridad ciudadana, la influencia de la malicia, es una bronca… ¿Qué voy a hacer?.... a este dirigente [loteador] lo voy a cogotear25, no a él pero sin embargo a su familia.... me voy a hacer pagar... La rabia, la bronca es por eso, por esta corrupción, por esta burrera, por eso está más que todo en Bolivia eso”. Comentarios como éstos, ponen al desnudo los actos de corrupción de algunos vecinos que al privilegiar sus intereses individuales por sobre los del barrio socavan la cohesión social: “Lamentablemente nos hemos encontrado con tipos viles, manipulados por partidos políticos. Siendo el primer grupo26, se han afincado como si todo Villa Pagador fuera de ellos…, y los pocos que hablamos ya estamos tildados…, y muchas personas han desaparecido, no sé si vivirán, si están ocultos o ya los han matado… no dejan aquí [surgir] líderes jóvenes… a los muchachos los amenazan”. Testimonio que, de manera parecida a los del capítulo anterior, refleja una cierta sensación de derrota en cuanto a la posibilidad de que el espíritu comunitario sea un apoyo para la construcción de alternativas colectivas de seguridad.
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25 El término “cogotear” suele utilizarse para hacer referencia a asaltos rápidos, generalmente realizados en la calle, en los que la víctima es agarrada por el cuello. Aquí, sin embargo, es probable que el término haya sido usado en sentido figurado.
26 Alusión al primer asentamiento poblacional en la zona de Villa Sebastián Pagador, el cual se estableció a mediados de los años ochenta.


La experiencia de la injusticia

Muchos testimonios desembocan en la lapidaria sentencia: no hay justicia en Bolivia. Esta alusión en muchos casos surge como conclusión de un análisis sobre el funcionamiento de los órganos policiales y judiciales, sin embargo, ella toca igualmente aspectos que hacen al sentimiento de vivir en un orden social violento e injusto. El fuerte contraste entre las vivencias de pobreza y las imágenes de opulencia que proyectan las elites en el poder, alimenta el sentimiento de injusticia percibido por los pobladores: “Entre nosotros mismos nos estamos peleando, nos estamos matando, y los otros están llenándose sus bolsillos… nadie dice que ellos son los que nos están robando”. Otro entrevistado opina: “A los grandes corruptos no les decimos nada y nunca los hemos visto en la cárcel. Al pobre que roba diez Bolivianos lo tenemos que linchar ¿no?

Este sentimiento de injusticia descansa sobre la percepción de un creciente aumento de las desigualdades económicas: “En pocas palabras, los más ricos se están volviendo más ricos y los más pobres nos estamos volviendo más pobres.”. En la misma charla alguien sugiere: “El problema es un problema de injusticia social... no hay oportunidades ni para los niños ni para los jóvenes de la calle”.
Por tanto, un orden social injusto produce un orden legal que deviene también injusto fruto de las manipulaciones de las que es objeto: “Porque la gente pudiente que mate o que haga lo que sea, saca unos cuantos pesos de su bolsillo y ahí está todo tapadito...”. Por otro lado, si bien la corrupción se vincula principalmente con aquellos grupos socioeconómicos altos no falta alguien que, ampliando la perspectiva, evoque sus efectos contaminantes en los espacios sociales populares.: “Cuando empieza la corrupción, termina en todos. Es como un virus que por más perfecto que [sea la persona que] entre a la Presidencia, la corrupción, el virus de la corrupción va, se contagia y no pasa nada. Todos ya son contagiados con el virus de la corrupción, hacen la misma cosa que hicieron los otros. No hay justicia, en Bolivia no se conoce justicia”.
Una de las formas que adopta esta suerte de erosión moral, que algunos entrevistados sugieren, es el estatus de normalidad que termina adoptando el sobornar o “coimear” a las autoridades: “Y nosotros estamos tan acostumbrados [a coimear]...a veces necesitamos alguna cosa rápido, ya nomás... acostumbrados a sacar los centavos y darles... y bueno se hace, ¿no? Porque ya es esa nuestra manera de vivir, todo lo vemos normal, o sea nosotros también estamos en eso, ¿no?

De esta forma, se expresa la sensación de vivir en un mundo a la inversa, injusto y desarreglado, sustentado en valores que favorecen y premian el fraude y penalizan la legalidad: “Para la gente de nuestra sociedad media y para la gente pobre no hay justicia, no hay justicia hasta el día de hoy, yo nunca he visto, mis compañeras tal vez puede ser que vean, yo no he visto, siempre hay injusticia, una imperfección contra nosotros. Son más premiadas las personas que hacen maldades, las personas que... los ladrones, por más que nos roben. Nosotros por haber sentado denuncia llegamos a perder dinero más bien, después de hacernos robar. No hay justicia para la sociedad [en la] que nosotros vivimos”.


 
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