Boliviapress 1/2005

Por CEDIB

En la última sesión del Foro del Sur/2004 se llegó a la conclusión de que, tal como están las cosas en el país, para este año 2005 el tema fatal para el gobierno serían los precios de los hidrocarburos, ya que mantenerlos congelados significaría la quiebra del Tesoro General de la Nación, y elevarlos significaría la quiebra de la economía popular… Efectivamente, acaba de empezar el año y el Gobierno está a punto de caer porque pretendió solucionar los problemas elevando los precios de los hidrocarburos. Atención: no somos nosotros los que afirmamos que el gobierno está a punto de caer, es el propio Presidente quien viene advirtiendo sobre el peligro inminente de su renuncia. Vamos por pasos:

Los hechos

El último día del año 2004 el Presidente Mesa sorprendió al país con el decreto supremo Nº 27959 que elevaba los precios de la gasolina (en un 10%) y del diesel (en un 23,1%), una medida que provocó críticas entre todos los sectores sociales y políticos y que, nada más pasar las fiestas, fue objeto de diversas movilizaciones de protesta, esta vez concentradas en El Alto y en Santa Cruz. En la segunda semana de enero ambas ciudades se vieron paralizadas. En El Alto la coordinación del paro estuvo a cargo de las Juntas Vecinales, en el caso de Santa Cruz a cargo del Comité Cívico (en el que predominan los sectores empresariales oligárquicos). En ambos casos se exigía la derogatoria del mencionado decreto supremo y se añadía otras antiguas demandas regionales, entre las que sobresalen para El Alto la rescisión del contrato con “Aguas del Illimani” y para Santa Cruz la aprobación del referéndum regional sobre la Autonomía departamental.

A estas movilizaciones urbanas se sumaban las amenazas de las organizaciones de transportistas, de varias centrales obreras departamentales, de la Confederación de Campesinos de Bolivia, de la Federación de Regantes de Cochabamba etc. Fue ahí que el Presidente, en un sentido mensaje a la población, explicó que si llegaba el momento en que la agresividad de las movilizaciones demandara el uso de la fuerza pública y el peligro de tener que derramar sangre de bolivianos, él se vería obligado a renunciar.

El viernes 14 se anuncia públicamente que el Gobierno rescindirá el contrato con “Aguas del Illimani” y la población de El Alto suspende la movilización, si bien advierte que se trata sólo de un “cuarto intermedio” en espera de que el Gobierno satisfaga el resto de sus demandas (la anulación de la subida de los carburantes, la aprobación de la nueva ley de Hidrocarburos, el pronto juicio a Sánchez de Lozada, el rechazo a la impunidad de las tropas norteamericanas y otras varias). En Santa Cruz el bloqueo y paralización de la ciudad es sustituido la tercera semana del mes por una huelga de hambre de dirigentes cívicos y sociales, que muy pronto es acompañada de una toma progresiva de instituciones públicas (el Servicio de Impuestos, Migración, la Dirección del Trabajo, AASANA, más un cerco a la Prefectura y el bloqueo del ingreso al aeropuerto, sin contar con un breve corte general de agua y electricidad como una especie de aviso de lo que puede ocurrir.).

El día 20 el Presidente modifica el decreto 27959, de fin de año, con el 27983 que rebaja el precio del diesel al nivel de la gasolina. Pero la movilización en Santa Cruz no sólo persiste sino que se endurece, acompañada de marchas multitudinarias que llegan a enfrentamientos con la Policía (aparentemente provocados por algunos sectores). Entre tanto una interpelación a cuatro ministros de gobierno (los de Presidencia, Desarrollo Económico, Hacienda e Hidrocarburos), planteada por la bancada parlamentaria cruceña, termina con la censura de los cuatro por parte de la Cámara de Diputados, ministros que por tanto quedan obligados a renunciar, si bien en estos momentos se supone que serán ratificados por el Presidente. En Santa Cruz, y por tanto en el país, reina la incertidumbre. Doblemente importante que intentemos despejar incógnitas.

El Alto y “Aguas del Illimani”

Éste es un viejo tema. La poderosa transnacional francesa “Suez Lyonnaise des Eaux” en la década de los noventa se hizo cargo del agua potable para las poblaciones de La Paz y El Alto, y desde entonces fue objeto de críticas por el creciente contraste entre la elevación de tarifas y la calidad del servicio; y ahora se va, como por similares razones se ha tenido que ir de Manila (Filipinas) y de algunas ciudades argentinas. No sólo es un triunfo del pueblo alteño, es el país entero el que se libra de una segunda transnacional que pretendía enriquecerse con el agua de la Pachamama y con la sed de la gente. ¿Desventajas? Ninguna, como no sean posibles quejas diplomáticas de parte del gobierno francés, y tal vez una demanda de indemnización parecida a la que viene presentando la Bechtel (“Aguas del Tunari”), pero que no puede llegar muy lejos toda vez que Bolivia no tiene un tratado de libre comercio con Francia. Los intereses oligárquicos nacionales apenas han sido tocados, Francia queda lejos, es un lujo que el gobierno boliviano podía darse. Y para la tensión social que se vive en El Alto ha sido una importante válvula de escape.

Los precios de los carburantes

Aquí la cosa es mucho más delicada. Hoy por hoy el país está atado de pies y manos por los contratos vigentes con las transnacionales petroleras, una de cuyas consecuencias es que los precios internos del petróleo y sus derivados se fijan de acuerdo con los precios internacionales y no de acuerdo a los costos de producción como ocurría antes de la ley de hidrocarburos de Gonzalo Sánchez de Lozada de abril de 1996. De modo que los bolivianos, que tenemos petróleo propio, y capacidad interna de refinación, no tenemos que pagar lo que eso en realidad cuesta (aproximadamente 10 dólares el barril) sino el precio especulativo mundial (que en la actualidad supera los 40 dólares). Y en las actuales condiciones eso significa una bomba de tiempo para la economía popular, y también para la economía empresarial (de manera especial para la agroindustria de Santa Cruz).

De ahí que el último gobierno de Banzer se viera obligado a congelar los precios de los carburantes, pero naturalmente a costa de que el Tesoro General de la Nación asuma el compromiso de reponer a las transnacionales la diferencia entre el precio mundial y el congelado. Con lo cual es el Tesoro el que puede reventar. ¿Qué hacer ante el dilema? El Gobierno insiste en que la elevación de precios de la gasolina y el diesel son la única solución posible para equilibrar el déficit fiscal, para poder pagar sueldos a los sectores de salud y educación, y para evitar el contrabando de diesel y su consiguiente desabastecimiento. Pero los hechos nos están mostrando que ésa no es solución (de hecho ya se ha encarecido groseramente el costo de vida con el incremento de los pasajes, de los fletes y por tanto de casi todos los productos).

La única solución seria es la que está planteando la Comisión Económica del Congreso con la nueva ley de Hidrocarburos, donde la recuperación de la propiedad de los mismos por parte del estado hace posible que sea éste el que determina los precios internos y no el mercado mundial. Es la ventaja de tener petróleo propio, ¿sabe usted cuanto cuesta en Venezuela el litro de gasolina? ¡25 centavos de boliviano! No es error, tres centavos de dólar. Aquí nadie pide semejante rebaja (que supone una subvención estatal que Bolivia no puede permitirse), sólo se pide que los precios dejen de subir. Pero el presidente Mesa, obediente a las consignas de los poderes extranjeros, se niega a aceptar esta forma de solución, y prefiere una solución a costa de la economía popular (y nacional). Y la última rebaja del diesel al nivel de la gasolina tampoco sirve, porque supone descargar el problema mitad en el Tesoro y mitad en el pueblo, y está claro que ninguno resiste más carga.

¿Qué pasa en Santa Cruz?

Para ser lo más objetivos posible nos hemos desplazado hasta la capital oriental, y desde ella redactamos este boletín. Lo primero que se debe anotar es que nunca esta ciudad grande y productiva había vivido semejante estado de convulsión: huelgas de hambre, grandes marchas agresivas, bloqueos, toma de instituciones, enfrentamiento abierto con el Gobierno, incluyendo a sus representantes cruceños (el Prefecto Carlos Hugo Molina y el ministro de Participación Popular Roberto Barbery) que están dando la cara pero son objeto de insultos y de mofa por parte de sus paisanos. La dirigencia cívica de Santa Cruz afirma que no quiere ninguna confrontación pero se comporta como quien busca precisamente la confrontación; de lo contrario no se explica su reacción ante el último decreto presidencial que rebaja el precio del diesel al nivel de la gasolina. El Sr. Dabdoub, de la llamada “Nación Camba”, hizo una primera declaración ponderando ese gesto positivo del Gobierno, pero al cabo de una hora, por instrucciones de otros dirigentes, cambió de posición y desahució el decreto presidencial. ¿Qué pasa entonces?

Algunos analistas cruceños, que incluso se expresan por la prensa, coinciden en afirmar que detrás de esta movilización, que claramente va más allá del precio del diesel, no aparece ningún proyecto alternativo de país, y que por tanto lo único que sus dirigentes persiguen es una desestabilización que les permita liquidar lo que consideran tres grandes peligros para sus intereses: la nueva ley de Hidrocarburos, la creciente demanda de tierras por parte de los pueblos indígenas y de los campesinos Sin Tierra, y la Asamblea Constituyente (además de inviabilizar, por debajo, el juicio de responsabilidades a Sánchez de Lozada); al menos eso es lo que se desprende de las demandas que formulan detrás de la abrogación del decreto de fin de año.

¿Cuáles son las fuerzas que comandan el movimiento cívico? Claramente la CAINCO (que aquí algunos llaman “la Caíncovich”), y dentro de ella nada menos que la Cámara Boliviana de Hidrocarburos (se supone que es ella la principal financiadora de la movilización), sumada a importantes capitales chilenos. La segunda gran fuerza (aunque no tiene nombre específico sino que se es “transversal” a las demás) es la que se agrupa en torno al Sr. Monasterios y está dispuesta a defender con uñas y dientes 250 mil hectáreas de tierras que les fueron graciosamente otorgadas y que parecen estar en peligro de “saneamiento” por parte del INRA. Se dice que en las conversaciones informales con voceros del Gobierno (que a su vez representan a rivales oligárquicos de la zona andina) los temas principales no son el diesel sino la condonación de 200 millones de dólares de deuda tributaria petrolera y otros meganegocios). Y este tipo de intereses parece ser el que está detrás de la impaciente demanda de “autonomía” departamental sin esperar a una Asamblea Constituyente.

El otro elemento que llama la atención cuando se lo ve de cerca es la composición de la “Unión Juvenil Cruceñista”, que en años anteriores agrupaba a unos centenares de jóvenes de tez blanca y pertenecientes a las clases privilegiadas (con una clara tendencia ideológica fascista) y ahora en cambio está constituida por millares de jóvenes de evidente composición popular, mestiza y en muchos casos incluso con rasgos andinos. La explicación que hemos escuchado es que se trata de un masivo reclutamiento de jóvenes más o menos desocupados (de la ciudad y de provincias) a los que se paga unos viáticos de 10 bolivianos diarios y que ofician de fuerzas de choque (son los que “toman” las instituciones, y los que a pedradas forzaron a la Policía a intervenir contra la gran marcha del día 20). Esta agresiva participación de lo que en términos clásicos se llamaba “lumpen-proletariat”, sumada a las características de los sectores dirigentes, es lo que permite a algunos analistas hablar de que en Santa Cruz se está dando una insurgencia de tipo fascista.

La responsabilidad del Gobierno

Es innegable que en ese estado de convulsión participan activamente amplios sectores populares, expresados en la Central Obrera Departamental, la Federación de Juntas Vecinales y otros, de los que se oye decir que son meros furgones de cola del Comité Cívico pero que en los hechos llenan las calles y permiten afirmar que es toda Santa Cruz la que está insubordinada, por supuesto en torno a la protesta contra el “dieselazo”. Pero ¿quién le ha regalado a la oligarquía cruceña el argumento para que aparezca como abanderada de los intereses populares y acuse al Gobierno de estar incrementando el hambre de la gente? Nadie más que el presidente Mesa, que desde el primer día de su gobierno no ha querido gobernar con los movimientos sociales ni asumir la “agenda de Octubre”, y que ahora ha preferido resolver la crisis del Tesoro a costa de la economía popular y no a costa de las ganancias de las transnacionales, que se sigue resistiendo a lo que él llama una ley de Hidrocarburos “confiscatoria”, que sigue pidiendo al Parlamento que apruebe la inmunidad de las tropas norteamericanas (con el barato chantaje de que caso contrario no habrá dinero para instalar gas domiciliario), que además del decreto de fin de año ha emitido otro autorizando a las Fuerzas Armadas a intervenir con armas de guerra en caso de convulsión social (él, que está dispuesto a renunciar antes que matar, también está dispuesto a autorizar que otros maten impunemente, sean norteamericanos o bolivianos), y finalmente otro autorizando que las empresas petroleras registren sus concesiones en Derechos Reales… ¿No es eso provocar a la población?

A modo de conclusión

Evidentemente quienes piden la renuncia del Presidente, sin tener una alternativa concreta que proponer, le están haciendo daño al país. Pero un gobierno que tampoco tiene una alternativa, que lleva su sometimiento a poderes extranjeros hasta el extremo de provocar a la población, y que regala argumentos y banderas populares a los sectores más reaccionarios de la oligarquía, también le está haciendo daño al país. Por eso decimos que estamos en una encrucijada. Y no parece que nos puedan sacar de ella ni los esfuerzos (bastante ridículos y poco confiables) de quienes intentan construir una bancada parlamentaria oficialista, ni el apresurado y descolgado “mensaje a la nación” del jefe del MAS, ni un supuesto adelanto de las elecciones generales (la falta de propuestas políticas concretas y la falta de unidad de los movimientos sociales las harían inútiles). Y por supuesto una eventual sucesión presidencial por parte del actual presidente del Senado (el mirista Vaca Díez, hombre representativo de lo peor del viejo sistema, y hombre de confianza de la oligarquía cruceña) pondría las cosas peor de lo que están.

Las esperanzas todavía están lejos, allá donde los sectores indígenas y campesinos de las Tierras Bajas empezaron a gestar una unidad social que primero se llamó “Bloque Oriente” (el único sector que en todo momento se ha sabido desmarcar del Comité Cívico de Santa Cruz) y que lentamente va llegando a las Tierras Altas con el llamado “Pacto de Unidad”. Es una esperanza pequeña y que todavía se ve lejana, entre otras cosas porque le falta mucho para involucrar a las masas empobrecidas de las ciudades; pero es la que hay.

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