Febrero 2005

Por CEDIB - Boliviapress

El Cabildo del 28 de enero en Santa Cruz no llegó a designar un gobierno departa­mental (que había sido previamente desconocido por las FFAA y la Policía, además de muchas otras instancias de todo el país) sino únicamente una “asamblea provisoria”. Pero con un discurso muy hábil (que englobaba a toda la nación boliviana y planteaba la refundación del país), y una presencia multitudinaria, logró arrancarle al Presidente una serie de concesiones, entre las que destaca el compromiso de designar prefectos a quienes hubieran sido elegidos por voto popular y directo y el compromiso de convocar a referéndums departa­mentales sobre el tema de las autonomías. En este momento ambos compromisos tienen ocupados tanto al Parlamento como a la Corte Electoral. Las reacciones en el resto del país, y dentro de la propia Santa Cruz, son variadas y polémicas. La situación es compleja y merece un análisis pormenorizado.

Elección de prefectos y autonomías departamentales

Está prevista para el próximo 12 de junio (por D.S. 27988). Se trata de una vieja y elemental demanda del movimiento descentralizador, y en todo caso será saludable que los prefectos estén sometidos al voto (y eventualmente control) popular. Lo que muchos cuestionan es el gasto de 43 millones de bolivianos para una medida que en realidad debería ser parte de la supuesta “refundación” del país. En el fondo lo que parece haber es la intención de los grupos de poder cruceños de soslayar la Asamblea Constituyente y de limitar dicha refundación al establecimiento de autonomías en las condiciones que a dichos grupos les conviene, sin someterlas a una decisión nacional.

En cuanto a las autonomías no está claro qué es lo que se va a decidir en el anunciado referéndum. Según el presidente del Congreso sólo se verificará (con carácter vinculante para la futura Asamblea Constituyente) si los departamentos quieren o no autonomías. Pero la posición de los dirigentes cruceños permite sospechar que quieren pre-definir ya cuáles van a ser las prerrogativas económicas que la autonomía les va a reconocer (se habla de que sólo un tercio de los recursos departamentales llegarán al TGN). Por tanto queda mucho que discutir.

El verdadero poder que se esconde detrás del movimiento cívico de Santa Cruz

En Santa Cruz se ha articulado de manera consistente el poder económico (CAINCO-FEGASACRUZ- CAO-FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS) con el poder político (el Comité Cívico y sus brazos, la “Nación Camba” y la “Unión Juvenil Cruceñista”) y el poder mediático (Unitel y Red Uno). Es una auténtica formación oligárquica que, al sentirse abandonada por Goni y expuesta al peligro nacionalista de la Agen­da de Octubre, está dispuesta a echar mano de los métodos de la “Bolivia bloqueadora” para respaldar sus intereses escudándose en la autonomía. Lo que en realidad quieren es disponer de los recursos públicos necesarios para mantener la política de créditos agropecuarios (en momentos en que la soya muestra su inestabilidad), tener en sus manos la distribución de la tierra mediante un Instituto Departamental de Tierras, y contar con suficiente poder coercitivo para frenar el avance del Movimiento Sin Tierra. Son todos temas que el centralismo de Goni les aseguraba pero sobre los que ahora ven que pueden perder control.

La otra Santa Cruz

Los pobladores cruceños contrarios a una autonomía así entendida (principalmente indígenas, campesinos y colonizadores) no sólo fueron objeto de amenazas sino que miembros de la Juventud Cruceñista y la Nación Camba, golpearon a todos los que no apoyaron el movimiento regional. El dirigente campesino Benigno Vargas denunció que los empresarios cruceños y otros sectores de poder amedrentaron a sus trabajadores y dependientes para que asistan al cabildo autonómico; el dirigente de la COD Gabriel Helbing dijo que los trabajadores querían dar a conocer varios planteamientos pero no se les dio la oportunidad, y el dirigente fabril Edwin Fernández fue más categórico al afirmar: "las élites nos han mamao". Es pues evidente que hay otra Santa Cruz que el Comité Cívico necesita someter o por lo menos esconder.

De ella surge la “Coordinadora por el fortalecimiento de la unidad nacional y la democracia” que ya el 27 de enero logró convocar a 5.000 personas de diferentes organizaciones e instituciones del área urbana y rural de Santa Cruz y planteó públicamente que las autonomías sean discutidas en la asamblea constituyente (que debe convocarse inmediatamente); la derogatoria del “dieselazo”; la modificación de la ley 2493 que pretende consolidar los latifundios; y la aprobación inmediata por tiempo y materia de una ley de hidrocarburos que fije regalías del 50 %, la migración obligatoria de los contratos, la recuperación de los hidrocarburos para beneficio de los bolivianos y la inclusión del Título del Derecho de Consulta y participación de pueblos indígenas y comunidades originarias.

También vale la pena leer el manifiesto de la Asamblea del Pueblo Guaraní, que para empezar “convoca a los miles de desposeídos a unirse contra el nuevo poder transnacional que hoy pretende dividirnos nueva­mente para entregar nuestra riqueza al extranjero”, a la vez que denuncia que “el proceso autonómico im­pulsado desde sectores oligárquicos de la ciudad de Santa Cruz sólo busca romper la unidad y la integri­dad territorial de la nación boliviana” y exige “una verdadera autonomía regional que significa la recons­ti­tución de nuestro territorio originario” (que comprende 5 provincias de 3 departamentos) “a través de un décimo departamento”. Por lo demás no aceptan que la oli­garquía cruceña hable a nombre del pueblo Guaraní, denuncian que FEGASACRUZ y la CAO pretenden que el INRA esté al servicio de las oligarquías criollas, exigen la nacionalización de los hidrocarburos (aprobada en grande en el Congreso) y manifiestan la necesidad de realización de la Asamblea Constituyente.

La reacción en el resto del país

Es diversa, pero en general no concuerda con las posiciones de los cívicos cruceños. Las instituciones de Cochabamba y Chuquisaca se han mostrado simplemente contrarias a las autonomías. Las de Potosí y El Alto se pronuncian en favor de la autonomía pero a través de la Constituyente. En Cochabamba se exige Ley de Hidrocarburos ya. En El Alto que primero se cumpla la Agenda de Octubre. Por su parte el Mallku Felipe Quispe anuncia la constitución de una autonomía originaria aymara… En todas partes se pregunta si autonomía supone auto-sostenimiento económico (sólo dos departamentos estarían en condiciones de hacerlo, Santa Cruz y La Paz). Y en más de un lugar se ha planteado la pregunta de si la causa última de nuestros males es el centralismo o el neoliberalismo (y la respuesta apunta a este último).

La peligrosa intromisión de los poderes mundiales

Está a la vista el interés del Gobierno (Ejecutivo y Legislativo) por controlar la futura Constituyente y ponerle límites, de manera que no suponga un peligro para los actuales dueños del país, y está claro que a ese interés se suman diferentes instituciones y ONGs que también trabajan por una Constituyente maquilladora e inofensiva. Pero a esto se añade la comprobación de que ya en 1995 el Banco Mundial hablaba de reformas constitucionales que mejoraran el “marco legal para las actividades del sector privado”, y el hecho de que el año 2001 USAID hablara de impulsar la descentralización y de redactar “nuevas constituciones”. Para colmo se ha sabido que la “Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria (FBDM)”, financiada nada menos que por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales (NDI) y el Instituto Republicano Internacional (IRI) de los Estados Unidos, y que tiene entre sus miembros fundadores al hijo de Sánchez de Lozada y a Manfred Reyes Villa, pretende apoyar la preparación de la Asamblea Constituyente (todo lo cual fue denunciado en su momento por Oscar Olivera y otros dirigentes).

El camino que pretende conducir a la organización de una Asamblea Constituyente se parece mucho al proceso que condujo al Referéndum del 18 de julio de 2004, que desembocó en la incertidumbre que ahora vivimos, sin responder de ninguna manera a las expectativas del pueblo boliviano.

Conclusión

Sin negar la importancia de una Asamblea Constituyente popular y soberana, y sin negar la pertinencia de la descentralización del estado (incluso por la vía de las autonomías departamentales, que deberían definirse en dicha Asamblea), parece que por el inminente peligro de su manipulación se impone la necesidad de exigir primero la recuperación efectiva de los Hidrocarburos, lo que sentaría las mínimas bases de soberanía para que tenga sentido que la sociedad boliviana se reúna con el fin refundar la república. El camino contrario por el que parece que nos quieren conducir (“primero la Constituyente”) puede resultar muy peligroso.