Abril de 2003

Por Acción Andina Bolivia

Nuestro trabajo es de seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades que tienen las autoridades del Régimen Penitenciario, y asimismo de coordinación interinstitucional en la búsqueda de soluciones a los diferentes problemas que se dan en la cárcel.

Todavía existe retardación de justicia, otro problema que vemos permanentemente es la arbitrariedad con la que actúan las autoridades, los gobernadores y los policías dentro el régimen penitenciario, lo que significa la utilización excesiva de sanciones dentro del recinto sin seguir el cumplimiento de los procesos debidos.

Por otra parte, hacemos un trabajo de fisclaización de la actuación de régimen penitenciario y de los juzgados correspondientes, asimismo un seguimiento al trabajo que realiza Defensa Pública que es la institución que dota de abogados a los presos que no tienen posibilidades de contratar a un abogado particular.

Hace más o menos un año y medio habían más de 500 mujeres en el penal de mujeres, ahora se ha reducido, no pasan de 100 internas que viven con unos 200 niños en el recinto. Ya no tienen el problema de hacinamiento, pero hay otros problemas, como la terapia ocupacional desde el Estado, que no existe.

Siguen todavía las organizaciones privadas como Indicep, Alfalit y otras dotando de terapia ocupacional, hacen el trabajo de costura, el trabajo de tejido, panadería, lavandería, que es en lo que más está ocupando a la gente. El Estado no hace nada.

El otro tema es el de salud; en el penal de mujeres hay sólo una auxiliar de enfermería que es un reclusa y que es quien maneja la posta sanitaria, pero medicamentos tampoco existen, sólo hay cuando Pastoral Penitenciaria logra conseguir medicamentos. O también a través del apoyo de voluntarios de la fundación Cristo Vive.

Por ejemplo, en este momento el Régimen Penitenciario debe más de 70 mil bolivianos al Hospital Viedma, y por eso ningún recluso o reclusa ya puede ser atendido en ese Hospital, no se les permite.

De acuerdo a la Ley de Descentralización, la institución responsable del tema de salud es la Prefectura a través del SEDES, esta instancia debería dotar a cada recinto penitenciario de un médico que pueda estar las 24 horas en la cárcel y pueda dar el apoyo médico necesario, pero esto no se da.

La asistencia odontológica tampoco existe dentro el recinto penitenciario.

Hace poco se ha constituido una Mesa Técnica sobre el tema penitenciario en la que se ha discutido con las autoridades de la Prefectura, de la Universidad y del SEDES y las organizaciones de la sociedad civil sobre cómo resolver este tema.

Se está enviando a la Prefectura un diagnóstico de la situación de salud y a partir de eso se va a exigir que se cumpla con todo lo que dice la Ley de Descentralización respecto a los recintos penitenciarios. Esto está ligado a la Ley de Ejecución de Penas y su Reglamento, la Ley de Ejecución de Penas plantea claramente que debe haber un medico las 24 horas dentro del recinto penitenciario. Entonces la Mesa Técnica ha decidido exigir a la Prefectura que mínimamente exista un médico que pueda hacerse cargo de la salud en cada recinto penitenciario. Actualmente, cuando se presenta el caso de una interna que tiene que salir porque necesita atención medica urgente, primero hay que buscar un médico que vea el caso y autorice, necesitan ubicar al médico, y después recién con su autorización la interna va a poder salir. Por todo eso se está intentando resolver ese problema.

Bueno, de parte del gobierno no existe nada, el gobierno no hace nada cuando una persona sale de la cárcel. Pero en este momento hay una organización que es Indicep que trabaja dentro de los penales, principalmente en el penal de mujeres, trabaja con una guardería y una panadería. En la panadería, que está ubicada en la calle Santivañez entre Hamiraya y Junín, esta organización está dando cabida a las mujeres que salen del penal. Apenas salen del penal ingresan en ese trabajo y tienen la posibilidad de ir rotando, para que de alguna forma tengan un ingreso que les permita tener la posibilidad de no salir al aire, sin nada.

No conozco otra experiencia. En las cárceles de varones está la institución Cristo Vive, es una institución que está trabajando post -cárcel y tiene principalmente una actividad en el tema agropecuario, tienen una casa en Punata donde se está dando algún tipo de apoyo pero a un reducido grupo de internos, no abarca a todos. Después no hay ninguna otra iniciativa.

Puedo decirte que, hablando de manera general, la mayoría de la población en las cárceles de Cochabamba está por la Ley 1008. Casi un 80% de la gente es gente campesina que hacía actividades ligadas a la actividad agrícola. En el penal de mujeres es mucho más visible esto, la mayoria está por la Ley 1008 y es gente campesina, gente que no tiene muchas posibilidades.

La mayoría de esta gente en la cárcel se ocupa de lavar ropa y muy pocas pueden aspirar a hacer alguna carrera técnica, o sea muy pocas pueden hacer costura y alguna otra actividad, por ejemplo tejidos, la ocupación principal es la lavandería, y ahora la panadería que está absorbiendo bastante. Esas son las principales ocupaciones dentro del penal de mujeres.

Hay una organización, tres delegadas, o sea tres internas o reclusas son las que representan a las más de 100 internas que hay en el penal. Cada una está de alguna forma organizada de acuerdo con la situación que más predomina, por ejemplo, una internas que ocupa del liderazgo, otra se ocupa de la parte organizativa de los trabajos en la parte de terapia adentro, y otra de la parte del manejo económico.

Son elegidas por el conjunto del penal o sea por todas las internas, pero siempre hay un grado de injerencia de parte de las Gobernadoras, ellas intentan que las internas que son elegidas de alguna forma sean controladas por la Gobernación, lo que no permite que haya una representación genuina.

Pero sí en la parte de reivindicaciones ha sido muy importante el avance porque han logrado cosas que les han permitido resolver el tema del hacinamiento, por ejemplo la aprobación de la Ley del Indulto, muchas veces las internas se han declarado en huelga de hambre para lograr esto.

Eso ha permitido que con la Ley del Indulto hayan salido en Cochabamba más de 1300 personas de todos los penales; del penal de mujeres han salido cerca de 300 o 400 personas, entonces eso ha beneficiado bastante.

Hasta ahora las delegadas y las demás internas han logrado que se cumpla también con el pago de prediarios (que es el pago de 90 bolivianos que se les hace mensualmente para su alimentación). En este momento hay un retraso de dos meses e ese pago, pero antes había un atraso de cuatro, cinco o seis meses, o sea les pagaban atrasados esos 90 bolivianos. Ahora la idea es de seguir peleando porque no hayan atrasos y les puedan pagar cada fin de mes esos 90 bolivianos con los que sobreviven las reclusas con sus hijos dentro el penal.

En el caso del penal de San Sebastián de varones incluso conviven la esposa y los hijos. Pero en el penal de mujeres solamente se da la convivencia de las mujeres con sus hijos, y no con sus maridos, esa es la diferencia.

Nos parece que es positiva esa convivencia porque de alguna forma esa ligazón, esa no – ruptura con la familia, ha provocado que nuestras cárceles sean bastante pacíficas, no son violentas, hay un auto - control de parte de los mismos internos.

Nosotros apoyamos la permanencia de los niños mientras el Estado no pueda resolver. Es decir, si el Estado pudiera dotarles de una guardería, dotarles del apoyo necesario para que la familia no se destruya, entonces no hay necesidad de que estén dentro las cárceles. Pero si el Estado no se ocupa de nada, ni siquiera de darle lo necesario al interno, creo que como una forma de convivencia social es importante la presencia de hijos, que no se rompa ese vínculo.

La mayoría de los niños y niñas que están en las cárceles son hijos de gente que está por la Ley 1008, en este momento creo que en todas las cárceles de Cochabamba hay como 400 niños.

Hay diferencia con otras cárceles, por ejemplo la cárcel de El Abra que es la cárcel de máxima seguridad en Cochabamba, allí no hay niños ni niñas, entonces esa cárcel es bastante violenta.

De alguna forma hay un avance, ya no es tan común la violencia de los policías hacia los internos, antes era bastante grave, los policías golpeaban a los internos, aparte de encerrarlos al calabozo los golpeaban. Pero esto ya no es tan común, se dan casos muy esporádicos.

Pero lo que sí hay todavía es el abuso de autoridad, en muchos casos hay policías que son improvisados, además, policías que sólo están en la cárcel dos meses porque van rotando, y los policías oficiales que son de mayor rango, tenientes o capitanes y mayores, que están seis meses y después van rotando de un lugar a otro lugar. Eso provoca que no haya una Policía especializada.

Pero la violencia directa no hay, sí hay todavía la tortura psicológica, la tortura de no permitir el acceso de su familia, ese tipo de situaciones se mantienen todavía, pero no es muy común la violencia física de policías sobre un interno.

Todavía se mantiene la retardación de justicia. El nuevo Código de Procedimiento Penal ha ayudado bastante, primero a que no haya hacinamiento en las cárceles, había bastante población penitenciaria, pero ahora en Cochabamba no pasan de 1200 internos en los seis penales, pero el tema de retardación de justicia todavía sigue.

Esto se debe fundamentalmente a los abogados de Defensa Pública que no cumplen con su labor, no hacen el seguimiento correspondiente y los juzgados tampoco dan celeridad. Y el otro tema también son los abogados particulares.

Los abogados particulares, una vez que reciben el honorario correspondiente, se olvidan del interno, no solicitan audiencia, y los internos están en espera que alguna institución o alguna persona les ayude y se los vea su expediente, y con eso en los juzgados recién se mueven.

Pero no hay la retardación que había antes, cuando los expedientes se "dormían", ahora inclusive los juzgados de ejecución penal hacen el seguimiento correspondiente.

Definitivamente la Ley 1008 es una ley draconiana, es una ley que no estaba adecuada a nuestra realidad, ha provocado que de la población de las cárceles a nivel nacional casi el 64% esté por la Ley 1008. En el departamento de Cochabamba, más del 80% de los internos están por la Ley 1008.

Con el nuevo Código de Procedimiento Penal de alguna forma ya se elimina el carácter drástico que tenía la Ley 1008, ya se ha reencaminado hacia lo que dice nuestra legislación y la Constitución, pero todavía sigue siendo una Ley que discrimina.

Por ejemplo, la gente que tiene condenas de 15 años o que sobrepasen los 15 años, no puede acceder a los beneficios que las otras leyes plantean.

Todos los beneficios que las leyes otorgan deberían ser para todos, pero una persona que tiene 15 o más de 15 años de reclusión no puede acceder al extramuro o a la libertad condicional, no puede acceder porque la Ley 1008 dice eso. Con la Ley 1008 hay una discriminación, la Ley 1008 dice que para aquellos delitos que sean mayores a los 15 años no puede haber beneficios, como el extramuro.

El extramuro es un beneficio que un recluso tiene cuando ha cumplido la mitad de su condena y puede pedir que se le conceda una pre - libertad, para que pueda salir a trabajar afuera, irse a su casa, pero ir cada semana a firmar en Régimen Penitenciario y en el Juzgado correspondiente.

Entonces aquellos reclusos que están con condenas superiores a los 15 años no pueden acceder al extramuro ni a la libertad condicional.