| NOTICIA: La mayoría de los presos en Bolivia están por la Ley 1008 |
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6 de Enero de 2005 Por La Prensa No son peces gordos, sino pisacocas, mulas, vendedores de coca y consumidoresEl 54 por ciento de la población de las 89 cárceles y carceletas de Bolivia se encuentra en reclusión por violaciones de la Ley de Sustancias Controladas (1008), y muchos presos no cuentan con sentencia, lo que, según las autoridades, se convierte en una deuda pendiente del sistema judicial con esos ciudadanos. Según el primer censo efectuado por la Dirección de Régimen Penitenciario del Ministerio de Gobierno, la cantidad de personas recluidas, entre varones y mujeres, es de 6.768. De todos ellos, 3.656, el 54 por ciento de la población penitenciaria nacional, están encerrados por delitos vinculados al narcotráfico. Pero el problema central reside en que, de todos los presos en Bolivia, 5.217, el 77,1 por ciento, no tienen sentencia y sólo 1.551, el 22,9 por ciento, recibieron sentencia condenatoria. Para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, la retardación de justicia es "altamente preocupante" si se considera la transformación que el sistema procesal penal experimentó en los últimos años. Mientras que el índice de reclusos sin sentencia es considerable, la administración judicial redujo desde 1991 un 15 por ciento de la retardación de justicia, es decir, apenas un 1,25 por ciento cada año. Las autoridades judiciales prefirieron no proyectar cifras para los siguentes años si la retardación continúa en ese mismo nivel. No hay "peces gordos" Para la Pastoral Penitenciaria, dependiente de la Iglesia Católica, entre los 3.656 presos por narcotráfico no se encuentran "peces gordos", ya que la mayoría de los privados de libertad están detenidos por haber participado en el transporte de precursores químicos o de drogas o eran pisacocas, vendedores de coca o consumidores. La Pastoral tomó contacto con diversas organizaciones sociales, de gobierno y de derechos humanos para agilizar los procesos y lograr que los reclusos obtengan una sentencia y salgan de la incertidumbre, ya que en su mayoría son personas humildes que entraron en esa actividad ilegal "motivadas por su extrema pobreza". Un equipo jurídico de la Pastoral Penitenciaria trabaja en el planeamiento de acciones concretas para presentar un recurso de inconstitucionalidad de la Ley de Sustancias Controladas y de Régimen de la Coca, conocida como Ley 1008, cuyos detalles se harán público próximamente. Entretanto, se le pide al Estado que cumpla sus obligaciones con los reclusos evitando el hacinamiento en las cárceles mediante la entrega y dotación de servicios básicos y atención médica y agilizando los procesos penales que se tramitan en los tribunales. En La Paz mejoró la administración de justicia, la infraestructura es inhumana El informe de gestión 2004 de la Presidenta de la Corte Superior de Justicia del Distrito de La Paz, Dora Villarroel de Lira, señaló que los reclamos de los internos sobre la administración de justicia en la capital departamental, en "términos de eficiencia y celeridad", ha experimentado mejoras sustanciales. Villarroel cita que han sido "contados los reclamos" de los internos, según ha podido establecerse a partir del control de los locales penitenciarios durante las "visitas de cárceles". Esas inspecciones son realizadas semanalmente por jueces de materia penal, así como por las visitas cuatrimestrales, hechas en abril, agosto y diciembre, presididas por la Corte Superior de Justicia en pleno. En esas visitas se examinan principalmente el estado de las causas en curso de trámite, se oyen los reclamos de los internos y se inspeccionan físicamente los centros penitenciarios. Infraestructura anacrónica y vetusta El informe de gestión lamenta que en contraparte a los avances en la administración de justicia, el estado de la infraestructura carcelaria resulta anacrónico, vetusto y hasta "inhumano" en los tres establecimientos más importantes de La Paz. La Corte Superior halló graves deficiencias en cuanto a comodidad, funcionalidad, higiene y atención de los internos en sus necesidades más elementales de vivienda y de alimentación. "...Con prediarios ínfimos que no condicen con el encarecimiento del costo de vida", señaló la Presidenta de la Corte Superior. Villarroel tiene la percepción de que, si tan lamentables condiciones de vida existen en la sede de gobierno, la situación es "más penosa" en las otras 19 provincias paceñas. Esa realidad lleva a la Corte Superior a pedir a la Dirección de Régimen Penitenciario que extreme esfuerzos para paliar tan crítica situación de pobreza y maltrato al universo de procesados en cautiverio. "No es posible que 1.227 internos vivan hacinados en el penal de San Pedro de esta capital, en condiciones infrahumanas en todo orden de cosas, pero especialmente en cuanto al espacio vital de su residencia", reclamó Villarroel. El director de Régimen Penitenciario, Tomás Molina, propuso aumentar el prediario de tres a cinco bolivianos. |
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