Octubre de 2004

Por Theo Roncken

Usted tiene en sus manos el resultado de un estudio extraordinario. En los últimos dos años he realizado un seguimiento a distancia de la investigación y vislumbré en ella el embrión de esta wawita que puede ayudar a reorientar el enfrascado debate sobre la producción de la hoja de coca en Bolivia.

Como bien se indica en la introducción del libro, los dos tópicos excluidos del estudio son el narcotráfico y el debate internacional sobre las drogas. Sin embargo, son esos temas cuyo abordaje siento necesario para explicitar la relevancia de la obra. Es lo que haré en estas líneas.

El resultado más palpable de las convenciones y los convenios internacionales de lucha contra las drogas es el afianzamiento de una desorientación globalizada, no solamente respecto de las sustancias psicoactivas y sus características, sino también de campos tan diversos como, por ejemplo, la ambigua relación entre el desarrollo humano y las economías ilícitas, o el impacto real de la economía de las drogas en el poder político, y en casos particulares, el poder político-militar (paramilitares y guerrillas colombianos).

En la actualidad el debate internacional sobre las drogas revela una creciente polarización entre los defensores de dos visiones radicalmente opuestas. Por un lado está el prohibicionismo, que proclama la erradicación de las sustancias declaradas ilícitas. Por el otro lado se potencia la promoción de alternativas que buscan prever y reducir los daños que las drogas, y en particular su consumo, pueden ocasionar. En este contexto, durante la cumbre mundial especial sobre drogas de 1998 (UNGASS, en inglés), la oficina de control de drogas de las Naciones Unidas (UNDCP) encontró respuestas muy diversas a su propuesta denominada SCOPE, que planteaba la eliminación, hasta el año 2008, de la totalidad de los cultivos ilícitos de coca, amapola y marihuana en el mundo. Entre los ocho países que la propuesta estableció como punto de lanza se encontraban Bolivia, Colombia y Perú. A pesar de que SCOPE fue descartada, la declaración final de la cumbre comprometió a los estados a desarrollar estrategias “dirigidas a eliminar o reducir sustancialmente, hasta el año 2008, los cultivos ilícitos de coca, cannabis y amapola”. UNGASS también aprobó el Plan de Acción para la Cooperación Internacional a la Erradicación de Cultivos de Drogas Ilícitas y al Desarrollo Alternativo. Dicho plan buscó establecer criterios para la implementación equilibrada de políticas represivas (de erradicación forzosa) y programas de desarrollo alternativo.

También en 1998 comenzó a implementarse en Bolivia el plan quinquenal antidrogas denominado “Por la Dignidad”. En el papel, dicho plan siguió los lineamientos recomendados por la UNDCP, asignando un 74% del presupuesto al desarrollo alternativo. Sin embargo, la práctica de los siguientes cuatro años no demostró equilibrio alguno y la zona tropical de Cochabamba, en el lenguaje popular llamada Chapare, fue escenario de una erradicación forzosa acompañada por una represión estatal muy fuerte.

Sobre los resultados de estos sucesos también existen lecturas muy diversas. Mientras para algunos la violencia impuesta y provocada ha sido un mal necesario, otros la ven como una señal y consecuencia de la subyugación de la política estatal a directrices internacionales. No cabe duda que, por lo menos de manera temporal, se ha reducido la cantidad de coca producida en el Chapare, pero vale la pregunta si la erradicación forzosa ha sido la causa principal, o si ésta solo llegó a agilizar y puntualizar un proceso de reubicación de los cultivos de coca en el área andina que se inició en los primeros años de la década de los 90 con la reorganización de las estructuras del narcotráfico colombiano, y se visibilizó con más claridad a partir del 1995.

El hecho es que a seis años de haberse iniciado en Bolivia una erradicación de hoja de coca a todo dar, no se demuestra una disminución de la producción regional de coca ni de cocaína. A la vez, el sacrificio de la implementación de una política enfocada en la erradicación forzosa ha sido muy grande. Ha sido tan grande que a gritos exige una evaluación real y a profundidad de este exponente de los modelos internacionales que se dirigen en primer lugar a la reducción de los cultivos ilícitos. Dicha evaluación es, para Bolivia, un tema pendiente y urgente, ya que no basta con el conteo y la indemnización de los perjuicios, muertos y heridos.

Es aquí donde la presente obra demuestra su relevancia. Entre sus múltiples aportes novedosos en diversos campos de interés se destaca su profundización en los aspectos sociales de la producción boliviana de hoja de coca. El estudio de Alison Spedding y el equipo dirigido por ella ofrece información concisa, no sólo sobre la rentabilidad económica de este importante rubro como tal (y en comparación con otras alternativas de ingreso familiar), sino también sobre la gran relevancia de la sostenibilidad social de su sistema productivo, basado en el núcleo familiar. Se trata de temas que se encuentran ausentes en el debate nacional e internacional sobre la coca y que, sin embargo, ayudan a contestar preguntas tan importantes como las siguientes: ¿por qué la producción boliviana de coca se realiza únicamente en extensiones de tierra pequeñas?; ¿por qué las familias campesinas del Chapare no encuentran en el palmito una alternativa real de producción familiar?; ¿por qué los programas del Desarrollo Alternativo acentúan la dependencia económica de la mujer hacia el hombre?; ¿por qué la erradicación forzosa implementada en dicha zona aumentó la brecha en los ingresos familiares de los pobladores, e impulsó un proceso de descampesinización?; ¿por qué se puede esperar una resistencia muy fuerte a la implementación de una política de erradicación, ya sea esta concertada y compensada o forzosa, en la región de los Yungas de La Paz?

El título inicial de esta investigación: “En defensa de la hoja de coca” y luego publicada como “Kawsachun coca” (Viva la coca), no menos preciso –, podría especificarse también como: “En defensa del desarrollo con coca”, ya que arguye con solidez por qué es imposible pensar, en términos económicos y sociales y a partir de la realidad boliviana, en las otras alternativas que excluyen a la coca. De hecho, varios actores de la comunidad internacional con poder de influencia en la formulación de las políticas públicas, han comenzando a inclinarse por esta vía. En el boletín “Drug War Monitor” de enero 2004 (WOLA: www.wola.org), Martin Jelsma y Pien Metaal, analistas del Transnational Institute, destacan que la GTZ, agencia de cooperación alemana, concluyó en un estudio reciente que la participación de los campesinos en los programas del desarrollo alternativo no debe ser condicionada a la erradicación de sus cultivos ilícitos. Una conferencia internacional convocada en enero 2002 por el Ministerio de Cooperación Económica y de Desarrollo de Alemania, y apoyada entre otros por la UNDCP, dio un paso en esta misma dirección, concluyendo que “la erradicación forzosa debe ser evitada hasta que las estrategias de ingresos de componentes lícitos hayan sido suficientemente reforzadas”.

Este camino hacia una política internacional más realista es, sin embargo, aún muy incierto. Las últimas señales de la instancia de las Naciones Unidas especializada en el tema de las drogas, que bajo influencia del escenario post 11 de Septiembre se transformó de UNDCP en UNODC, vinculando la lucha contra las drogas con la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, son todo menos alentadoras. Jelsma y Metaal señalan que la excesiva atención en este vínculo empuja a la política de control de drogas más hacia enfoques represivos de cumplimiento de la ley alejando su atención de las demandas de salud pública y de desarrollo:

“Las altas esferas de la burocracia de la UNODC parecen estar más preocupadas por preservar el aporte duplicado de los Estados Unidos [a la agencia] que por cumplir con seriedad su rol fundamental en la moderación de las crecientes tensiones entre los estados miembros. El Director Ejecutivo Antonio Costa reduce el complejo debate a un conflicto con lo que él llama ‘un agresivo lobby pro drogas’ el cual, en su punto de vista, se está haciendo parte del problema de las drogas.”

Así las cosas, se entiende que la Estrategia Integral Boliviana de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas 2004-2008, presentada en septiembre de 2004, sigue vinculando las políticas de desarrollo en las zonas de producción de la hoja de coca a exigencias de erradicación. Es más, se plantea el retorno a un proceso de erradicación en la zona de los Yungas de La Paz. Esta política corresponde a una “recomendación” que desde hace diez años se encuentra incluida en los informes sobre Bolivia que anualmente presenta el Departamento de Estado de los Estados Unidos a tiempo de dar a conocer los dictámenes de certificación del empeño en la lucha contra las drogas de los países receptores de fondos bilaterales de Washington. Es preocupante que un gobierno que dice querer evitar el uso de violencia ceda ante estas demandas internacionales irrealistas, más aún en un momento en que el país enfrenta serias dificultades de estabilidad política.

El estamento político de Bolivia nunca ha sabido o querido asumir su gran responsabilidad frente a las contradicciones que existen en el tema de las drogas entre las demandas de los Estados Unidos y la realidad del país. Por ello los bolivianos, y en particular los sectores más desprotegidos, siempre se han visto victimizados por políticas ambiguas que, de manera selectiva, atacan a las familias productoras de la hoja de coca antes que a los circuitos que controlan la producción y el transporte de la cocaína. Lo propio se puede decir sobre la información que el público llega a conocer sobre el tema, la que, como destacan los autores de este libro, es altamente ideologizada. Estoy seguro que el presente texto ayudará al lector a rectificar muchas de las distorsiones propias del alicortado debate nacional sobre la hoja de coca, y a formular las preguntas que este debate debería abordar.

Para concluir, merece una mención especial la enorme riqueza descriptiva de la producción boliviana de la hoja de coca. Ésta brinda al lector una posibilidad de interiorización de la temática que solo ha sido posible gracias al uso por el equipo de una metodología de investigación etnográfica cuya implementación es recomendable para los futuros estudios sobre esta y otras temáticas nacionales.

“Kawsachun Coca. Economía campesina cocalera en los Yungas y el Chapara”. Alison Spedding, PIEB La Paz, Octubre de 2004. Ordenar:  Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla , Esta dirección de correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado para poder verla