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Las diez falacias de la política antidrogas PDF Imprimir E-Mail

27 de mayo de 2005

Por Ricardo Soberón Garrido

Son 10 los aspectos de la política antidrogas de EEUU –por ende, todos los libretos formulados desde DEVIDA– que fracasan en los Andes, y particularmente en el Perú.

1) La Justicia Penal. Mientras formulan votos por fortalecer la democracia y la administración de justicia, sin embargo en el campo de las drogas aplican una política represiva, indiscriminada e inútil. Indiscriminada porque la gran mayoría de los detenidos son los eslabones más débiles de la cadena: miles de consumidores detenidos y productores erradicados por año. De otro lado, inútil porque los grandes “capos” siguen libres y el negocio va viento en popa: más de 500 toneladas de cocaína en EEUU, a US$30,000 kilo en Los Ángeles. Los esfuerzos simbólicos impiden tener un sistema de justicia penal racional: 15% de los casos que se ven en la
Corte Superior de Lima son por tráfico de drogas y el número de
denunciados y procesados por drogas sigue en aumento, día a día. ¿Es< realmente la cárcel una solución al problema? ¿Así desean que funcione la reforma penal y la CERIAJUS? Propuesta: la única solución es tener grados de flexibilidad en ciertos ámbitos del problema –producción y consumo– y dureza selectiva para desmontar el crimen organizado.

2) El Desarrollo Alternativo no es política de Estado. Si lo fuera, tendríamos a todos los sectores impulsando una política integral que favorezca a los productores y sus productos. Lamentablemente, mientras la cooperación internacional otorga un promedio de tan solo US$ 60 millones al año, importamos alimentos por US$ 1,000 millones anuales. Ni siquiera preguntamos si existe una estrategia para la negociación del TLC en lo que a productos alternativos se refiere (productos maderables, aceite de palma, productos tropicales). Porque el ATPA y ATPADEA han beneficiado a la agroindustria y los textiles, pero ¿y los cocaleros? El colmo, el pollo que se consume en Huánuco proviene de Lima. Propuesta: asegurar mercados locales. Ello pasa por resolver el actual dilema judicial sobre el mercado de Santa Anita y abrir otros mercados mayoristas en las principales ciudades del país, que permitan a todas las asociaciones de productores agrarios de la Selva Alta ingresar sus productos sin restricciones o intermediarios.

3) La erradicación de cultivos no funciona. Parece que en Washington ni en el Ministerio del Interior aprenden de la experiencia de 25 años. La erradicación de cultivos a través de fumigación, de control biológico, o erradicación manual, es una pérdida de dinero porque no tiene un impacto sobre la cantidad de cocaína que se exporta a los EEUU. Los cultivos se mueven y desplazan en una verdadera selva verde de pobreza y exclusión estatal (Perú: 1993/2000 crisis; 2000 en adelante, recuperación de precios). Por lo demás genera mayor inestabilidad política, convulsión social y promueve liderazgos que generan algunos disensos dentro y fuera del país. Si no, pregunten a los Morales: Evo en Bolivia o Iburcio en Monzón. Propuesta: el mejor erradicador debe ser el Estado con el propio agricultor en la chacra, una vez éste firme un Pacto de restringir su cultivo de coca, ser beneficario de proyectos de desarrollo alternativo, con predios empadronados, chacras integrales con coca legal y productos con mercados asegurados.

4) La institucionalidad antidrogas miente y divide. Desde que en 1996 se formó CONTRADROGAS y luego con DEVIDA, se pensó que el Estado iba a trabajar de manera ordenada y concertada para generar consensos y promover alianzas sólidas entre sociedad y Estado para combatir eficazmente el crimen organizado alrededor del tráfico de drogas. Lamentablemente, no ha sido así. La trayectoria de DEVIDA es simplemente administrar fondos –sin fiscalización del Congreso, por ejemplo–, dividir a la población involucrada generando varios microescenarios de convulsión, generar corrientes de opinión a través de sus operadores mediáticos. Por ejemplo, las difamaciones contra dirigentes de los cocaleros en zonas de Selva Alta, la contratación de algunos periodistas radiales, o su negativa a que los productores y sus organizaciones sean “interlocutores válidos”. Propuesta: Una auditoría, fiscalización parlamentaria y mayor transparencia, mientras se inicia un proceso de reforma de esta institución.

5) La amenaza del “narco estado”. Por todos los medios los directivos de DEVIDA y sus operadores mediáticos en consultoras y ONGs nos dicen que existe la amenaza de que el Perú se convierta en un “narco estado”. Perdón, el Perú fue un narco estado desde 1995 al 2000, mientras algunos amigos que actualmente dirigen estas entidades asesoraban a CONTRADROGAS! De otro lado, acaso Zevallos no tuvo residencia americana? ¿Montesinos no fue saludado por el zar antidrogas Barry Mc Caffrey? Es historia conocida cómo algunos funcionarios en Washington han jugado con Noriega, Samper, Montesinos, etc. dependiendo de sus prioridades geopolíticas.
Seguramente, que de seguir con una política tan ciega, terminaremos haciendo colapsar nuestros sistemas policiales y de justicia, y generando verdaderas áreas liberadas en las cuencas cocaleras… mientras el narcotráfico sigue su curso.

En realidad existen otros cinco temas neurálgicos, que dejaré para otra oportunidad: (i) control de precursores químicos (buscar un control selectivo en el sector de empresas farmacéuticas, como ocurre con el control de equipajes en el aeropuerto); (ii) una política exterior exenta de presiones y  subordinaciones y que permita niveles de coordinación en la CAN, CSN, y otros foros multilaterales, pues el Perú hace bastante en la lucha contra el narcotráfico; (iii) en el tema de lavado de dinero, evaluar cuánto se hace en el Perú y cuánto en EEUU, en materia de dinero y bienes cuyo dominio ha sido extinguido;  (iv)  evaluar las fortalezas y debilidades de la interdicción aérea y marítima; por último, (v)  el fortalecimiento de la democracia, asunto que deja mucho que desear conforme se realiza la lucha antidrogas de acuerdo a la receta de Washington.
 
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