30 de Octubre de 2005

Por Theo Roncken

Exposición en el I Encuentro del Centro Regional de Monitoreo para la Prevención de Conflictos Armados y Violentos de América Latina y el Caribe (Buenos Aires, 30-31 de Octubre de 2005)

Para dar en 10 minutos una lectura más o menos completa y equilibrada de la conflictividad que vive Bolivia actualmente, la mejor opción es ir al grano.

En una sola frase se puede resumir que el país, además de lidiar con la carga de su impuesto enclaustramiento en el corazón de Sudamérica, se encuentra en el cruce de varios procesos de cambio con altos grados de incompatibilidad entre sí y de los que ninguno parece tener marcha atrás. Dos opuestos en particular ponen su sello al actual escenario político de Bolivia:

1.     La espiral de la dependencia de inversiones, préstamos y donaciones externas versus el creciente valor de los recursos naturales renovables y no renovables del país;

2.     La reconquista de una presencia pública articulada por parte de una elite nacional renuente a ceder sus tradicionales espacios de poder versus el avance político de grupos poblacionales históricamente excluidos de participar en la toma de decisiones.

Sin ser éstos los únicos factores con impacto en la conflictividad boliviana, son los temas con los que las organizaciones populares del país rayaron la cancha tras la huida del ex presidente ‘Goni’ Sánchez de Lozada en octubre 2003. Desde entonces, la agenda política del país gira en torno a dos tópicos: el poder de decisión sobre los recursos energéticos no renovables (petróleo y gas) y la “refundación” de Bolivia tras un debate público, participativo e incluyente que resultaría en la formulación de una nueva Carta Magna y la transferencia de poderes políticos a una Asamblea Constituyente.

De aquel ‘Octubre Negro’ del 2003, los partidos políticos tradicionales salieron sumamente desacreditados, en los ojos de la población boliviana. Esta, sin embargo, no mostró intención alguna de apoyar un cambio brusco en el modelo de representación política. Senadores y Diputados continuaron jugando su rol sin la necesidad de aclarar sus responsabilidades personales o partidarias en los pasados conflictos. Muchos de ellos, a pesar de ser observados de manera informal, se beneficiaron en la ocasión de un espíritu de defensa a la institucionalidad que reinaba entre los bolivianos.

Las palabras persuasivas del nuevo presidente Carlos Mesa y los pactos de gobernabilidad que él y su entorno no partidario lograron establecer principalmente con los líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS), sentaron las bases para un año y medio de relativa estabilidad política, en el que abundaban los conflictos locales pero se postergaron las batallas por las grandes controversias. Dichas controversias, sin embargo, se profundizaron nuevamente debido a la actuación maquiavélica del gobierno, que de a poco mostró su inclinación por los intereses de la industria petrolera transnacional.

Durante este período de paz aparente, la sociedad civil no logró mantener el relativo grado interno de articulación y coherencia de acción que sí supo construir en tiempos de conflicto abierto. En cambio, la elite nacional vinculada a la preocupada empresa privada internacional volvió a activar sus espacios de poder. Esa fue la situación en junio pasado cuando, al volverse ya insostenible la alianza táctica entre el gobierno y los sectores populares, Carlos Mesa renunció a la Presidencia del país. La población nuevamente tuvo que salir a las calles para evitar que una rearticulada partidocracia asumiera el gobierno nacional, en defensa del resguardo de condiciones mínimas de gobernabilidad. Y gobernantes, magistrados, senadores y diputados comprometidos con la proliferación del conflicto nuevamente se salvaron el pellejo, como diría la voz popular.

En octubre del 2003 las esperanzas de cambio de la población encontraron un eco en las propuestas de Asamblea Constituyente y la promesa de una nueva Ley de Hidrocarburos. En junio del 2005 la perspectiva a elecciones generales en el corto plazo pudo calmar la ansiedad generalizada, y afirmarse como un primer paso de acuerdo común. Líderes de derecha e izquierda, oriente y occidente, parecían apostar a la posibilidad que las elecciones ayudasen a establecer una nueva hoja de ruta para salir del embrollado escenario político del país.

Sin embargo, ya cerca de iniciarse las campañas electorales, grupos de la elite, que muchas voces vinculan al capital transnacional y otras al círculo del ex presidente Sánchez de Lozada, lograron elevar, desde el departamento de Santa Cruz, la importancia de uno de los ejes secundarios de confrontación interna del país: el Regionalismo. Retomando su éxito al imponer el año pasado un confuso debate público sobre las autonomías regionales y transformando dicha polémica en un reclamo por la redistribución legal de los escaños departamentales. Ese es el tema que desde más de un mes mantiene al país en jaque mate, amenazando con inviabilizar las elecciones.

En este escenario de conflicto de baja intensidad, la sociedad civil no supera hasta el momento su actitud de espectador, dando muestra clara de sus altos grados de distracción y desarticulación, como si luego de dejar las protestas en la calle el escenario político ya no le perteneciera. A pesar de que las perspectivas a elecciones y Asamblea Constituyente, se alejan día a día, no hay aún señal de que se estructure una respuesta popular a las actitudes inmaduras de parlamentarios de oriente, centro y occidente por igual quienes, en vez de recoger como suya la demostrada capacidad de la población de actuar en defensa de la institucionalidad del país en tiempos de crisis, se atrincheran en posturas que inequívocamente invitan a una renovación de la confrontación en las calles, marcando además las pautas de división de un conflicto absurdo entre bolivianos de distinto origen cultural.

Este escenario de conflictividad manipulada además abre el campo a que se eleven en la población las sensaciones de inseguridad y desprotección, así como los ánimos de sumarse a protestas espontáneas y mal dirigidas, por causa de rumores descabellados o acciones gubernamentales poco transparentes.

Es el caso de un documento ampliamente distribuido entre las organizaciones populares y los medios de comunicación, que advierte sobre la supuesta inminencia de una invasión militar multilateral en Bolivia, con la participación de tropas de Estados Unidos, Chile, Argentina, Brasil y Paraguay. Y es también el caso de la filtración y posterior manejo oficial confuso de información sobre el traslado reservado de todo el arsenal de misiles anti-aéreos portátiles del que dispone el país, en supuesto cumplimiento de la resolución 2145 de la OEA, de junio 2005, sobre las medidas a tomar para evitar que este tipo de armas llegue a manos terroristas. Y puede ser también el caso de la contradictoria escasez de gas de consumo familiar interno, principalmente en el occidente del país.

Para concluir este análisis resumido, no se puede pasar por alto el hecho que durante todo el período desde octubre 2003 a la fecha hay una preocupante continuación de las políticas macro-económicas que han caracterizado a todas las gestiones gubernamentales anteriores, las que precisamente ocasionaron las olas de protesta popular. Esto incluye: la cancelación del servicio de la deuda externa, principalmente a la banca multilateral y en sumas que desde 2002 se han elevado sustancialmente; la ampliación de acuerdos observados de exportación de recursos energéticos; la entrega de nuevas concesiones mineras a la industria transnacional; y los intentos periódicos de cubrir el déficit presupuestario mediante la implementación de medidas que afecten de manera directa a las mayorías más desaventajadas. Todo esto ocurre en absoluto desmedro de los acuerdos de octubre 2003 y junio 2005, sin consulta alguna y por regla tras puertas cerradas.

En caso que se lleven a cabo las elecciones en diciembre próximo, es muy posible que, a pesar de los múltiples temores que la elite busque sembrar entre la población en relación a una eventual victoria del MAS, la fórmula presidencial de este partido salga ganando el mayor porcentaje de votos; como es altamente probable que se llegue a evitar que el candidato ‘Masista’ asuma la presidencia del país, mediante una alineación de los tres partidos que cuentan con estrechos vínculos con funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, quienes tildan a Evo Morales de ‘narcoterrorista’. Con el riesgo de que mis palabras sean mal interpretadas, diré que estimo que en las actuales circunstancias, el MAS tendría mayores posibilidades de crecer como una alternativa de cambio estructural en beneficio de las mayorías pobres y excluidos, desde la oposición que desde el ámbito gubernamental.

Utilizaré los últimos minutos que me quedan para compartir algunas ideas sobre las acciones que nosotros, miembros de la sociedad civil, podemos razonablemente tomar con vistas a la prevención de la violencia y la construcción de la paz en Bolivia. Creo que el enfoque necesario está claro, y Acción Andina lo ha planteado en un documento que se ha comenzado a distribuir entre las organizaciones de la sociedad civil boliviana. Creemos que necesitamos diseñar, planificar y llevar a cabo un conjunto de actividades que se dirigen a:

1. - Vincular de manera concreta la temática de paz y seguridad a las agendas de los principales movimientos y organizaciones sociales, instituciones que trabajan en relación a las demandas sociales, círculos académicos y otros;

2.- Construir una articulación sólida entre este conjunto de actores, la cual permite organizar el debate y construir consensos alrededor de propuestas dirigidas a elevar la presencia activa de la sociedad civil organizada a partir de esta temática.

Estas acciones, que aún no se encuentran articuladas en torno a una estrategia o plan de campaña, buscan en primer lugar impulsar la construcción de un espacio común de aquellas organizaciones de la sociedad civil que quieran subirse al tren, antes de pensar en acciones concretas que involucren a representantes gubernamentales o oficinas de los organismos multilaterales, las que, dicho sea de paso, cuentan con muy poca confianza de la población en cuanto a sus capacidades para intervenir de manera acertada en los escenarios de conflicto en el país.

Por otra parte, son acciones que en buena parte serán ideadas y concretadas en la época post-electoral, suponiendo que las elecciones generales sean llevadas a cabo en un plazo no muy largo. Por el momento, Acción Andina – Bolivia, inició la introducción de esta temática en el debate público, mediante entrevistas en los medios de comunicación (principalmente la radio), exposiciones a dirigentes locales, conversaciones y consultas con organizaciones de la sociedad civil, y charlas con candidatos a la diputación nacional.