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¿Bases para una guerra perdida? PDF Imprimir E-Mail

Marzo de 2000

Por Theo Roncken

“¿Cómo le va a la Guerra a las Drogas” se preguntó hace poco un periodista de ‘The Washington Post’, para autoresponderse en seguida: “en dos palabras, no bien” . Pero según el principal arquitecta de la actual estrategia estadounidense contra las drogas, el general Barry McCaffrey, ni siquiera hay una guerra: “Si usamos la palabra ‘guerra’ para cualquier iniciativa sostenida, podríamos llamar a la educación la ‘guerra contra la ignorancia’ , dijo McCaffrey, quien obviamente no da mucho valor al criterio expresado en ‘The Washington Post’. Por su lado, los militares que se encuentran más cerca del fuego de la batalla no parecen compartir la confusión del general entre fusiles y lapiceros. “Esta es una guerra, un conflicto que debemos ganar colectivamente” expresó recientemente Keith Huber, director de operaciones del Comando Sur, en justicifación de la creación de un nuevo batallón antinarcóticos en Colombia.

Nuevos batallones en Colombia

El nuevo batallón es el primero de tres de 950 hombres cada uno que tienen la tarea de “tomar el control del sur de Colombia” , donde las FARC, la fuerza guerrillera más grande del país, controla amplios territorios y donde fuentes oficiales estiman la existencia de 77 mil hectáreas de coca . A juzgar por el presupuesto destinado para este fin (US$ 600 millones de un total de US$ 1,600 millones en ayuda antidrogas a Colombia para 2000-2001), los batallones especializados y un nuevo Centro Conjunto de Inteligencia en su base militar en Tres Esquinas, región de Putumayo, serán el punto de lanza de la guerra.

La pregunta es, ¿de cuál guerra? Para Adam Isacson, miembro del Centro para Políticas Internacionales: “La misión de este batallón claramente es pelear con las FARC, para que sea seguro fumigar en Putumayo. Es la primera vez que la asistencia de Estados Unidos se da al Ejército para luchar contra la insurgencia y eso ha sido un paso tremendo.” Winifred Tate, analista de la Oficina para América Latina en Washington (WOLA), advierte “un escalamiento del conflicto pues [el batallón] operará en una zona controlada por las FARC a la que ya están llegando paramilitares que con frecuencia actúan en cooperación con las Fuerzas Militares.”

Las autoridades estadounidenses por su parte, sostienen que sus esfuerzos en Colombia se dirigen únicamente a la lucha contra las drogas. “No entregamos asistencia para operaciones antiguerrilla” declaró William Cohen, vocero del Departamento de Estado. Sin embargo, el periódico colombiano ‘el Espectador’ observa que “informalmente, desde años atrás, varios comandos de elite adscritos al Comando Sur venían entrenando unidades militares colombianas que, además de ser ajenas a la lucha antidrogas, resultarían ‘no eligibles’ en el examen de derechos humanos al que se condicionó la ayuda” y agrega que: “Tales despliegues de las fuerzas especiales de E.U. no se financiaron con dinero proveniente de la Ley de Ayuda Externa, sino con presupuesto del Pentágono, en el que la Enmienda Leahy sólo se implementó en octubre de 1998 a través de un artículo en el que, no obstante, se autoriza al secretario de Defensa, ‘en circunstancias extraordinarias’ levantar tal prohibición y, en consecuencia, entrenar a violadores de derechos humanos.”

En respuesta a estas preocupaciones por los derechos humanos los miembros del nuevo batallón antinarcóticos que ya entró en funcionamiento fueron seleccionados con base a su récord en esta materia, pero Tate (WOLA) observa que “[el batallón] está diseñado para coordinar y apoyar las actividades antinarcóticos de las unidades existentes. Un ejemplo específico es el de la investigación en curso con respecto al papel de la Brigada 24 en Putumayo en la masacre de El Tigre, en enero recién pasado.”

Las misiones del Pentágono

En contraste con las emisiones oficiales del Pentágono (Ministerio de Defensa, DOD en inglés) en sentido que el principal objetivo de sus acciones en América Latina sería la lucha contra las drogas, un informe de la Oficina General de la Contabilidad (GAO) señala que “la política del DOD que prioriza el uso de sus equipos de gran demanda define que la misión antidrogas es la cuarta prioridad después de: guerra, otras operaciones militares que podrían llevar a contactos con fuerzas hóstiles, como de mantenimiento de paz, y entrenamiento” (p.22). A principios de 1999, uno de los dos aviones ‘espía’ AWACS destinados para la lucha antidrogas del Comando Sur en América Latina fue transferido a Irak, y luego a Kosovo. En diciembre aún no había retornado a su destino original.

Esta priorización del Pentágono es, como se deduce del mencionado informe de la GAO, el motivo principal de que “el nivel de apoyo de DOD a los esfuerzos internacionales de control de drogas ha bajado de manera significativa desde 1992” (p. 4). Por ejemplo, el número de vuelos de recolección de inteligencia en América Latina y el Caribe bajó de 550 en 1997 a 350 en 1999, mientras el número de solicitudes por esos vuelos del Comando Sur subió en el mismo período de 650 a 950 (p. 12). El número de horas-vuelo en apoyo a la interdicción en Bolivia, Colombia y Perú bajó entre 1998 y 1999 en un 48%, y el número total de días-barco del DOD dedicado a operaciones de interdicción en América Latina bajó entre 1992 y 1999 en un 62% (p. 15). Según el Comando Sur, sólo se llega a detectar y monitorear un 15% de las rutas principales del narcotráfico durante un 15% del tiempo (p. 16), es decir, el comando tendría una cobertura operativa de apenas un 2% de las vías más utilizadas por los traficantes. Esta situación contrasta fuertemente con los repetidos mensajes de victoria del general McCaffrey por un supuesto exitoso bloqueo al transporte de cocaína dentro y desde la región andina.

Hay otro elemento aún más preocupante que la GAO destaca en el citado informe. Se trata, incluso, de su principal conclusión: “Después de una década de esfuerzos, DOD no ha desarrollado instrumentos para medir el éxito de sus acciones antidrogas. Sin tales medidas, DOD no podrá evaluar con claridad la efectividad de su estrategia, sus operaciones, y los equipos que destina al esfuerzo nacional de control de drogas” (p. 26). Estrategas militares saben desde hace mucho tiempo que las guerras que no se evalúan son o conducen a nuevas guerras perdidas. DOD sí aprendió de Vietnam así como de experiencias vergonzosas similares. Si para DOD tuviera tanta importancia la guerra a las drogas como lo hacen entender sus representantes en público, no necesitarían a la GAO para poner el dedo sobre la llaga.

Podemos concluir que, a pesar de que la guerra a las drogas ofrece al Pentágono una justificación para conseguir jugosas cantidades de dinero, su utilización en la práctica es sujeta a la siguiente priorización de tareas: (1) guerra; (2) operaciones de control a fuerzas hóstiles; (3) entrenamiento; y (4) la misión antidrogas.

Bases militares nuevas o con nuevas misiones

Existe mucha confusión sobre el proceso de instalación o adecuación de bases militares en el continente. En el caso de Bolivia, se trataría, según el ministro de Defensa Nacional, Jorge Crespo, de “tres cuarteles modernos diseñados por técnicos norteamericanos e ingenieros bolivianos [que] serán construidos en Villa Tunari, en Chimoré e Ichoa [y en cada una] serán albergados alrededor de 500 efectivos.” Con las bases “se evitará la invasión extranjera encarnada en los narcotraficantes [..] que vienen a incentivar a los campesinos a sembrar coca ilegal.” El general Charles Wilhelm, comandante en jefe del Comando Sur, destacó durante una última visita al país que “estos van a ser cuarteles netamente bolivianos” que servirían a “la sostenibilidad de los grandes logros en el Chapare [y..] para ayudar en algunos proyectos meritorios de desarrollo alternativo.” En cambio, para el diputado y dirigente cocalero Evo Morales, “Bolivia se convertirá en una colonia más de los Estados Unidos”. Por su parte, el senador Carlos García opinó que “la militarización del trópico cochabambino provocará más violencia en la región”.

Es un hecho que las nuevas bases en Bolivia no aparecen hasta hoy en los documentos públicos del DOD que diseñan la readecuación de las instalaciones con funciones antidrogas del Comando Sur a partir de su salida de Panamá. Estos documentos sí destacan la importancia del nuevo radar de largo alcance (ROTHR en inglés) que recientemente comenzó a funcionar en Puerto Rico, y que permite, junto a dos radares similares más antiguos en los estados de Virgina y Texas, desde tierra, espiar todo el movimiento aéreo en Centro-América, el Caribe y América del Sur, con excepción del Cono Sur. También menciona a sistemas de radar adicionales en Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, Honduras, Guantánamo (Cuba) y en la frontera con México (ver figura 1), a “sitios de operaciones de avanzada” (FOS) en Perú, Costa Rica, Belice, Islas Caimán y Guantánamo y a las nuevas “locaciones de operaciones de avanzada” (FOL) en Ecuador, Curazao y Aruba, y en un tercer país centroamericano aún por definir (ver figura 2). En todas estas instalaciones se hace una distinción entre unas que están manejados por el “país huesped” y otras que están bajo responsabilidad propia del Pentágono. Cabe entender que, con respecto a las funciones específicas que cumple cada una de ellas, la distinción entre el manejo “nacional” o “estadounidense” pierde importancia: todas estas funciones se encuentran enmarcadas en la misma estrategia liderizada por el DOD.

El proyecto del Pentágono

Para el experto en temas de seguridad Jorge Rodríguez Beruff: “a partir del año 1979 [..] se perfila una redefinición de la política regional de los Estados Unidos como parte de un proyecto dirigido a reconstruir el poder norteamericano en la región.” Rodríguez Beruff cita un estudio del Instituto de Estudios Estratégicos de la Escuela de Guerra del Ejército de los Estados Unidos que recomienda: “1.- ‘Una política de confrontación indirecta con Cuba’ que puede incluir medidas militares en aquellos países donde haya una presencia cubana [..] 2.- El aumento de la presencia militar directa en la región [..] y el mejoramiento del entrenamiento de las fuerzas regulares de Estados Unidos [..] 3.- Incrementar la capacidad militar, incluyendo las actividades de inteligencia, de los ejércitos y fuerzas policiacas de la región; impulsarlas a que se integren a los acuerdos de seguridad colectiva; a través de la homogeneización de su doctrina, desarrollar una estrategia de ‘guerra de coalición’ entre estas fuerzas y las norteamericanas; y promover la admiración y la confianza en la capacidad de las fuerzas militares de los Estados Unidos y su tecnología militar’. Para lograr esto, se señala la necesidad de liberalizar aun más las ventas comerciales de armamentos y continuar aumentando la ayuda militar.”

Es la “misión antidrogas” que le permite al DOD implementar estas recomendaciones casi a la perfección, y articularlas con sus prioridades. Así, la estrategia antidrogas facilita una ampliación con pasos gigantes de las acciones militares contra la guerrilla colombiana. En el campo específico de la inteligencia, DOD consiguió permiso del Congreso para “compartir su información sobre actividades insurgentes, cuando directamente relacionada a una operación antidrogas aprobada.” Esto en la práctica se convierte en una carta blanca, ya que la GAO señala en el citado informe que “oficiales de la embajada de los Estados Unidos a veces tienen dificultades en distinguir insurgentes de narcotraficantes” (p. 26). Por otra parte, investigadores destacan que además del aumento en la ayuda militar de Estados Unidos a Colombia, hay un incremento en la compra de armamento por el gobierno colombiano, valorado para 1999 en US$28 millones al gobierno de Estados Unidos y US$40 millones a compañías autorizadas por Estados Unidos.

‘Mantenimiento de paz’ y ejercicios en Bolivia

En Bolivia, la misión antidrogas ha permitido forjar una paulatina criminalización ante la opinión pública del productor de coca, que en momentos críticos nos acerca a una definición oficial como ‘(impulsado por una) fuerza hostil’, objeto en la justificación de la presencia militar para el ‘mantenimiento de paz’. Ese fue el tenor de un discurso del comandante del Ejército, general Gonzalo Arredondo, ante la 23ª Conferencia de Ejércitos Americanos en noviembre de 1999. El otro objetivo que parece abrirse paso mediante la presencia militar permanente en el trópico es la realización de ejercicios militares conjuntos, con la participación de efectivos nacionales y extranjeros.

En conclusión, DOD no logra presentar con respaldo de datos verificables sus resultados en la lucha contra las drogas, ni se muestra muy interesado en hacerlo, pero sí avanza bastante en el cumplimiento de sus objetivos prioritarios. La respuesta a las críticas de la GAO por la pobre demostración de éxitos de la estrategia antidrogas fue: “las organizaciones antidrogas de los Estados Unidos [hoy] tenemos un mejor entendimiento de la amenaza de las drogas y hemos mejorado la coordinación con las organizaciones antidrogas de las naciones ‘huesped’” (p. 21). Lo que quiere decir algo como: “Logramos adecuar mejor la lucha antidrogas a nuestros verdaderos requerimientos”.

Este artículo se publicó en la revista VENTANA, periódico LA RAZON, La Paz- Bolivia
30 de marzo de 2000

 
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